La Cámara de Cuentas alerta de que la DGA batió récord de deuda en 2021 para poder pagar a los bancos
El informe de fiscalización incide en la insuficiencia de ingresos, que dispara el endeudamiento a 9.060 millones y aplaza su devolución, mientras la “modesta” inversión se limitó al 2% del presupuesto.
El Gobierno de Aragón batió su récord de deuda en 2021, hasta alcanzar los 9.060 millones, lo que representa 6.891 euros por habitantes, para poder afrontar los propios vencimientos de los créditos y cubrir el déficit generado por la insuficiencia de ingresos. Así lo advierte la Cámara de Cuentas en su último informe de fiscalización, que alerta del aplazamiento de su devolución e insta a un “esfuerzo de consolidación fiscal” para evitar “una traslación excesiva a las generaciones futuras”.
En su análisis de la cuenta general de la DGA de hace dos años, destaca que la amortización e intereses de la deuda suponen el segundo mayor capítulo de gasto de la DGA, 1.148 de los 6.985 millones, solo superado por la sanidad, con 2.238, y muy por delante de la educación, con 940. Mientras, censura la “modesta” inversión real, limitada al 2% de la cuantía total, que con 141 millones contabilizados es “similar” al pago de los intereses a las entidades financieras. Y todo ello pese a que el gasto total consolidado se incrementó en un 4,3%.
No obstante, el órgano fiscalizador valora los “esfuerzos” emprendidos por el cuatripartito para refinanciar su deuda, aprovechando la rebaja de tipos y con ello beneficiándose de un descenso de los gastos financieros, 122 millones, lo que permitió abonar la mitad que en 2014. Igualmente, destaca que gracias al crecimiento del PIB se ha reducido el peso de la deuda, del 24,8% al 23,9% respecto a 2020,
También recoge la positiva reducción de los niveles de deuda en términos del PIB respecto al ejercicio anterior (del 24,8% al 23,9%), así como su mantenimiento por debajo de la media autonómica (25,9%).
La Cámara de Cuentas señala que el impacto de la covid siguió lastrando las cuentas, aunque manifiesta que fue “dispar” en los distintos bloques de gasto. Así, especifica que mientras la factura de la educación pública siguió incrementándose, 59,35 millones más, no ocurrió lo mismo con la asistencia sanitaria, que se redujo, en 39 millones. “No obstante, en ambos casos el dato de 2021 sigue siendo muy superior al registrado en niveles prepandemia”, puntualiza antes de cifrar el gasto extra en 80 y 300 millones, respectivamente.
Respecto al remanente de tesorería, reconoce una mejoría respecto al ejercicio anterior, que eleva de 404 a 522 millones tras los ajustes que ha realizado en su cálculo. Y entre ellos destaca los 53 millones correspondientes a gasto de personal no reconocido.
Igualmente, vuelve a subir la cuenta 413, la de las facturas pendientes de pago al cierre del ejercicio, que pasa de 114 a 141 millones. En este apartado, remarca igualmente que han identificado operaciones por valor de 15 millones que deberían aumentar el saldo, además de detectar que el Salud recurre a esta cuenta para reconocer gastos que no pueden imputarse al presupuesto "por insuficiencia de fondos u otras razones".
La fiscalización de la cuenta general de la DGA vuelve a incidir de nuevo en el incumplimiento de la normativa sobre empleo público, ya que la tasa de temporalidad rozó el 50% sobre el total de sus 60.180 trabajadores, de los cuales casi el 80% se concentran en la red sanitaria y educativa. “A excepción de los incrementos de personal por la covid, la tasa de temporalidad no se debe a situaciones coyunturales, por lo que supone un incumplimiento de la normativa”, censura.
Igualmente, reitera sus reparos en contratación tras comprobar que en 2021 se hicieron gastos que se elevan a 255 millones sin seguir los procedimientos. La mayor parte, 191 millones, corresponde a la compra de suministros sanitarios realizada directamente por los centros hospitalarios.
Los auditores también señalan que las omisiones y errores en la información aportada por la DGA “impide planificar correctamente la fiscalización de la actividad contractual y dificulta la obtención de conclusiones”.
Tampoco se salva el capítulo de subvenciones, con varios incumplimientos. Para empezar, censura que no haya podido identificar la representatividad de las subvenciones directas, a excepción de las de carácter nominativo que figuran en la ley de presupuestos. También recrimina que se reflejen "indebidamente" como subvenciones de capital hasta 51 millones que, en realidad, cubrían gasto corriente. Esto afectó a diez líneas de ayudas de los departamentos de Industria, Agricultura, Economía y Vertebración.
Y, de nuevo, entre las salvedades de la auditoría financiera, el informe reitera que la cifra del patrimonio neto no refleja la imagen fiel. En este caso lo achaca a las incorrecciones detectadas en la gestión del inventario contable, como las relativas al cálculo de la amortización acumulada del inmovilizado no financiero (edificios, locales, maquinaria, etc.) que revelan un valor de los activos inferior al real en, al menos, 560 millones de euros.
