A menos de dos semanas para que en el Juzgado número 1 de Barbastro se inicie el proceso judicial por la vía civil por los bienes de arte sacro, llega un nuevo obstáculo legal por parte de Cataluña. La Generalitat ha pedido este viernes ante el Juzgado barbastrense que suspenda el proceso previsto para los días 16 y 17 de mayo ya que, según entienden sus letrados, el Gobierno de Cataluña no está personado en esta causa, a pesar de formar parte del Consorcio que regenta el Museo Diocesano de Lérida, donde se encuentran en depósito las 111 obras de arte cuya devolución reclama la diócesis de Barbastro – Monzón.

El Gobierno catalán solicita la suspensión del proceso porque no ha podido presentar alegaciones a la demanda puesta por el obispado altoaragonés. No obstante, el secretario judicial del Juzgado de Barbastro ha rechazado esta petición al presentar un defecto de forma, según fuentes de la causa. A partir de ahora, la Generalitat tiene diez días para subsanar su solicitud. Y, por su parte, los letrados del Obispado de Barbastro – Monzón tendrán un periodo de cinco días para presentar alegaciones ante esta petición –una vez sea rectificada-, antes de la resolución final del juez.

Según explica el letrado Joaquín Guerrero, que defiende a Barbastro–Monzón, esta nueva traba legal no debería implicar la suspensión del juicio que se iniciaría el jueves 16, y si al final el juez admitiese la petición de la Generalitat, ésta podría incorporarse como parte coadyuvante en el proceso –como lo es el Gobierno de Aragón-, aunque ya no podría presentar ni testigos ni pruebas.

Guerrero se muestra sorprendido porque la Generalitat "se haya enterado ahora de este juicio cuando es miembro del Consorcio". Cabe recordar que la defensa catalana está representada en este juicio por abogados de la Diócesis de Lérida y del Consorcio (entidad que aglutina al obispado y a entidades civiles como Ayuntamiento, Diputación provincia y Generalitat).

Para el letrado del Obispado de Barbastro – Monzón, se trata de un paso más en la estrategia de Cataluña “para suspender o retrasar el juicio”. “No me extraña porque es una estrategia disuasoria para alargar el proceso. Era raro que no comparecieran como sí lo hizo la DGA, pero prefiero que haya sido así, que no una vez que haya sentencia y toque devolverlos, porque entonces podrían alegar que son bienes protegidos por la ley catalana de patrimonio”.

Guerrero confía que el proceso siga su curso y que el juez no tenga en cuenta la suspensión del juicio por esta nueva tentativa catalana: “Lo natural sería que no se aceptase esta suspensión. Se les ha pasado el plazo para presentar alegaciones y por ello quieren la suspensión. Como todo los demás podrán hacer alegaciones en el tramo final del juicio o preguntar a los testigos, a los peritos o el informe final, siempre y cuando resuelvan el defecto de forma porque a día de hoy no están personados como coadyuvantes. Todas esas alegaciones, pruebas y testigos deberían haberlas presentado en la comparecencia previa, no ahora”, afirma Guerrero.

Cabe recordar que la penúltima traba catalana provino hace unas semanas solicitando que se pudiera usar el catalán en el juicio y que los documentos presentados en dicha lengua fuera aceptados, sin necesidad de ser traducidos. Desde Lérida alegaban que en Aragón el catalán es una lengua oficial, pero no de uso en administraciones civiles como puede ser un juzgado, como indicaba Guerrero. No obstante, el juez admitió que se pudieran admitir algunos documentos escritos históricos en catalán, como otros presentados en latín, y que se han traducido al castellano.

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