Le parecen "bien" las medidas sociales que contempla el anteproyecto de presupuestos del Estado pactado por PSOE y Podemos, pero advierte de que "no va a tolerar" que, para sacar adelante las cuentas, "se beneficie a unas comunidades autónomas en perjuicio de otras". Así de claro lo expresó este lunes el presidente de Aragón, Javier Lambán, que decidió poner de manifiesto "de manera inmediata" al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no admitirá "privilegios absolutamente inaceptables" como ocurría cuando gobernaba del PP. Tendrá la posibilidad de planteárselo hoy mismo en persona durante la visita que realizan el presidente del Gobierno central y la ministra portavoz, Isabel Celaá, a Zaragoza.

El secretario general de los socialistas aragoneses es muy consciente de que la aritmética parlamentaria impedirá que Pedro Sánchez y el podemista Pablo Iglesias puedan sacar adelante su proyecto con solo 151 diputados. Necesitarán, en el escenario más favorable, el voto a favor de los nacionalistas vascos del PNV (5 parlamentarios) y el de uno de los partidos independentistas catalanes (ERC y PdCAT) y la abstención del otro. Andoni Ortuzar, presidente del PNV, adelantó que negociará, pero que su apoyo "será fácil, pero gratis no". Confirmó así lo que se temía Lambán, que confesó que le parecería "fatal" que el PSOE siguiera la misma táctica que el PP de Mariano Rajoy mejorando la aportación a las autonomías como compensación al apoyo a su presupuesto.

Más complicado le resultará al Gobierno de Pedro Sánchez lograr el respaldo de los independentistas catalanes, a los que el presidente de la DGA volvió a tachar este lunes de "neandertales políticos", una calificación que él mismo consideró "compasiva" teniendo en cuenta "su talante político e intelectual".

Las peticiones de los independentistas de avanzar en la autodeterminación y mostrar "gestos" hacia los políticos encarcelados por el ‘procés’, condiciones que han fijado para negociar las cuentas, no serán atendidas. La ministra portavoz, Isabel Celaá, volvió a recordarles que en el Estado de derecho hay separación de poderes y el Ejecutivo "no puede actuar" ante el Judicial. Les sugirió, no obstante, que "sopesen" lo que se está "poniendo encima de la mesa" con las cuentas "de beneficio para todos los ciudadanos". Y ahí está el problema: ¿cuánto está dispuesto a aportar el Gobierno central para que los parlamentarios catalanes y vascos apoyen sus cuentas?

Una provocación "intolerable"

Lambán continúa siendo muy crítico con los independentistas catalanes y con sus intentos de extender el conflicto a nuestra Comunidad. El último incidente en Aragón se produjo durante la celebración de las fiestas del Pilar, cuando oferentes de la Casa Catalana desfilaron en la Ofrenda de Frutos con lazos amarillos, el símbolo de apoyo a los políticos encarcelados por el ‘procés’. "Me parece una provocación absolutamente intolerable en una tierra donde la inmensa mayoría de la población es constitucionalista", censuró, y resaltó: "Quien le ha dado el visto bueno a esta provocación en tierra aragonesa debería dar muchas explicaciones".

El presidente de Aragón no fue el único barón socialista que exigió que no se concedan prebendas a los nacionalistas, aunque sí el más taxativo. El extremeño Guillermo Fernández Vara solicitó a los diputados que tengan "un ataque de normalidad" y que aprueben las cuentas, pero siempre que la negociación con otros grupos no implique "inequidad o desigualdad", ni ponga en riesgo "la unidad de España" ni la "igualdad de derechos y deberes de los españoles".

A pesar de las advertencias, a Lambán le gusta el proyecto de PGE porque "va en la línea de recuperar ese contrato social" que ha posibilitado 40 años de prosperidad compartida en el país y que con la crisis "saltó por los aires". Pero quiere conocer, también, qué inversión prevé destinar a Aragón.

Entre las medidas sociales figura el aumento de la aportación del Estado a las ayudas para la aplicación de la ley de dependencia, por las que ahora solo aporta un 16% en Aragón. Como ya comunicó Sánchez a Lambán la semana pasada en la reunión que mantuvieron en la Moncloa, el incremento será progresivo hasta alcanzar el 50%, tal y como recoge la ley.