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Política

Las autonomías mineras piden tiempo para que la transición "sea justa de verdad"

Aragón, Asturias y Castilla y León se rebelan contra el cierre de las térmicas en 2020.

 

Jorge Alonso 11/09/2018 a las 05:00
García-Page, Fernández, Lambán, Núñez Feijóo, Ceniceros y Herrera, ayer, durante la firma de la declaración de Zaragoza.José Miguel Marco


Aragón, Asturias y Castilla y León alzaron ayer su voz con el fin de reclamar más tiempo para afrontar una transición energética "justa de verdad". Los presidentes de las tres autonomías productoras de carbón, Javier Lambán, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, respectivamente, advirtieron ayer de que no solo está en juego un sector estratégico para sus territorios, sino la garantía de suministro a un precio asumible para el sistema energético del conjunto del país.

Los responsables políticos se rebelaron públicamente contra el exiguo plazo de dos años fijado por la ministra, Teresa Ribera, para afrontar la descarbonización, lo que aboca al cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla, con el consiguiente impacto en el empleo de las cuencas mineras.

En la comparecencia tras la cumbre de Zaragoza, Javier Lambán dejó bien claro que nadie niega la evidencia de que el futuro pasa "a medio plazo" por abandonar las energías fósiles, pero remarcó que será "imposible" afrontar una transición justa si las centrales se cierran en 2020. Por ello, el presidente aragonés recordó que desde la DGA ya se ha planteado a Ribera que "suavice" los plazos, ya que no solo están en juego el futuro de las comarcas mineras sino la propia garantía de precio de la energía en el conjunto del país.

Desde la Moncloa y el Ministerio de Transición Ecológica insisten en hablar de que el proceso será justo, pero a estas alturas aún no han apuntado ni una de las medidas anunciadas para "ayudar a sectores y ciudadanos vulnerables al fin del carbón", tal y como prometieron tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el asturiano Javier Fernández el pasado julio.

Ante esta realidad, el presidente castellano y leonés reclamó directamente que se "apuren" los plazos dados por la UE, para lo que recordó que en los casos "más extremos" se ha prolongado la clausura de las térmicas que no cumplan con los nuevos baremos de contaminación hasta 2030.

Retrasar como otros países

En este sentido, Juan Vicente Herrera consideró que en España no se debería ser "más papistas que el papa" y adelantar una década el fin de las plantas de producción cuando, lamentó, "no hay alternativas claras para las comarcas que siguen teniendo en el carbón uno de elementos fundamentales de supervivencia".

Como ya acordaron Aragón, Asturias y Castilla y León en la cumbre de principios de año, Herrera insistió en la necesidad de que España disponga de un modelo energético propio, como otros socios comunitarios, con una reserva estratégica de carbón nacional para salvaguardar el sistema. Y para reforzar su argumento incidió en que el carbón nacional no solo se produce con mayores garantías laborales y medioambientales del que viene del exterior, sino también a un precio más competitivo. "Transición es transición, no precipicio", dijo, tras recordar que gracias al carbón se cubrió la producción nacional el año pasado, cuando las renovables no pudieron contribuir en la misma media al mix nacional.

Tampoco pasó por alto la reivindicación de fondos, tanto europeos como estatales, para la transición energética y abogó por alternativas verdes como la biomasa por ser más intensivas en mano de obra y estar ligadas a otros objetivos que competen a las autonomías, como la preservación natural y la lucha contra los incendios y el cambio climático. En esta línea, la Junta respalda la construcción de la planta de 49,5 megavatios que la compañía aragonesa Forestalia construye en el Bierzo, en Cubillos del Sil.

Una decisión dialogada

Si el presidente de Castilla y León defendió una transición justa y dialogada, el de Asturias planteó directamente la necesidad de acuerdos para el cierre de las térmicas por cuatro razones de peso: es un sector "muy reglado" y puede afectar a la seguridad en el suministro, al equilibrio ambiental y al precio. "Si se eleva, nuestras empresas que operan en los mercados globales pueden encontrarse con problemas de costes", señaló ante el riesgo de "deslocalización".

Javier Fernández hizo hincapié en que las decisiones locales pueden tener una trascendencia global. "No somos ninguno de los tres partidarios de la aldea gala ni vivimos en el pasado, pero este asunto hay que articularlo en el medio y largo plazo", sentenció.





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