Los examinadores de Tráfico inician hoy una protesta que amenaza las fechas de examen

Podría suponer la reducción de hasta 60 pruebas al día solo en Zaragoza. Reclaman mejoras laborales.

Quienes pierden todos los puntos del carné deben superar un curso de sensibilización y reeducación vial.
Los examinadores de Tráfico denuncian más agresiones por los suspensos de los alumnos

Los trabajadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) están llamados este lunes a una huelga parcial e indefinida de tres horas diarias impulsada por el colectivo de examinadores Asextra y convocada por los sindicatos CSI-F y CGT. En total, están llamados a la movilización 1.933 funcionarios que reclaman mejoras laborales y salariales.


Se espera que las mayores afecciones por estos paros se registren en los exámenes para obtener el carnet de conducir. Solo en la provincia de Zaragoza, donde en la actualidad trabajan diez examinadores, se podrían llegar a retrasar 60 pruebas al día, lo que agravaría la situación de colapso vivida en los últimos años, y que se había corregido en buena medida desde este verano.


Todo dependerá del seguimiento de los paros por parte de los trabajadores. Pese a que no la han secundado ni UGT ni CC.OO, algunas delegaciones apuntan a cifras superiores al 80% de la plantilla convocada. Además, tan solo los Centros de Gestión de Tráfico, encargados de la vigilancia de las carreteras, deberán cumplir servicios mínimos.


En concreto, los examinadores reclaman una serie de mejoras laborales y salariales ante la DGT “sin que los actuales dirigentes hayan tomado las medidas oportunas y eficaces que mejoren” sus condiciones de trabajo, denuncian desde Asextra. Por ejemplo, no se ha dado respuesta positiva a la solicitud de evitar dar el resultado del examen práctico 'in situ' ya que es un “especial foco de problemas, con reiteradas agresiones”.


Pese a que estos casos siguen siendo una excepción, presentan una tendencia al alza. Mientras que en 2014 la DGT -que recuerda que existe un protocolo de actuación frente a las agresiones- registró 17 denuncias, solo de enero a agosto de este año ya alcanzaban las 24.


A su vez, critican que no se haya llevado a cabo una reestructuración del colectivo, con el fin de crear una escala profesional técnica de seguridad vial, “cuestión apoyada por todos los partidos políticos”, pero que no ha llegado a buen puerto.


Por otro lado, y a partir de los recientes colapsos en las fechas de examen por la falta de personal, piden una reorganización del colectivo, “promoviendo el traslado provisional, voluntario e incentivado”entre provincias para aliviar la saturación en algunas jefaturas. En esta línea, también se reclama poder ofrecer horas pagadas fuera de la jornada laboral.


Ante esta petición, la Administración esgrime la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, donde se contempla una tasa de reposición del 50% -hasta ahora congelada por la crisis-, que prevé un aumento del número de efectivos en la mayoría de las delegaciones territoriales.


En cuanto a las reclamaciones económicas, “es el único punto” en el que, según los examinadores, la DGT ha aceptado una mejora salarial, pero condicionada al visto bueno del Ministerio de Hacienda. Un argumento que “llevamos demasiados años escuchando” sin que se concrete, lamenta Juan José Berrueco, delegado de Asextra en Aragón.

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