La política de recorte del gasto en personal público que mantiene el Gobierno central está afectando a la plantilla de examinadores de Tráfico en todo el país, y muy especialmente en Zaragoza. Así lo denuncian tanto las autoescuelas de la ciudad como los propios alumnos, molestos por los retrasos que sufren para poder realizar la prueba práctica para obtener el carnet de conducir.

Según explica el presidente de la Asociación de Autoescuelas de la capital aragonesa, Carlos Bricio, "este invierno hemos llegado a tener desfases de entre 17 y 20 días, es exagerado". En la actualidad, la situación ha mejorado por la bajada de demanda, pero "cuando llegue el verano, habrá problemas", reconoce.

Es la consecuencia de no restituir las plazas de los examinadores jubilados y la "falta de recursos" para hacer frente al volumen de pruebas que se realizan en la capital aragonesa. "Tuve que esperar 20 días para poder examinarme, y claro, mientras tanto no puedes dejar de dar clases porque sino, no vas bien preparada", lamenta Sonia Bernal, una joven zaragozana a quien el carnet de conducir le costó "el doble de caro" de lo previsto por esta circunstancia.

Desde la Asociación de Examinadores de Tráfico de Zaragoza aseguran que "en dos años se han jubilado seis compañeros" en la capital aragonesa, en palabras de su delegado, Juan José Berrueco. Estas bajas dejan la plantilla en nueve trabajadores, de los quince que se llegaron a alcanzar, aunque lo habitual era contar con trece profesionales.

Berrueco confirma los retrasos sufridos por los alumnos y, además, como consecuencia de la falta de personal, señala que algunas labores que realizaban hasta hace poco -"como matriculaciones, renovaciones..."- se han externalizado.

A todo ello se le suma un cambio significativo que ha llegado con el nuevo modelo de examen práctico, implantado en enero del año pasado. "Antes podíamos hacer 16 exámenes al día, y ahora solo trece", explica. O lo que es lo mismo: multiplicado por los nueve examinadores, se realizan 27 pruebas menos diarias.

Sin horas extra

Tampoco ayuda que los recortes presupuestarios les impidan hacer horas extra, ni que, como señala Berrueco, "con la crisis cada vez vienen con menos horas de clases prácticas", lo que provoca más suspensos, y por extensión, más exámenes. Y eso que cada año se conceden menos permisos.

En cualquier caso, la situación no es exclusiva de la capital aragonesa. Según un reciente informe elaborado por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), una de cada tres jefaturas del país carece de personal suficiente para ofrecer un buen servicio.

Hasta 17 provincias sufren la falta contrataciones tras una jubilación. El informe refleja que Barcelona es la más perjudicada para, a continuación, señalar a Zaragoza y Alicante como las delegaciones con más problemas -Huesca y Teruel se libran-.

Ante este panorama, en el sector se ha reabierto el debate sobre la posibilidad de privatizar el servicio que ofrecen los examinadores. "Creemos que es la mejor forma de mejorar, como han hecho las ITV o como ocurre en Portugal", explica Carlos Bricio.

Pero este extremo es rechazado frontalmente por parte de la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA), donde niegan las cifras difundidas por las autoescuelas, a las que acusan de querer quedarse con el negocio de los exámenes. “Desde ASEXTRA pedimos a los examinadores calma y unión en este asunto. Que tengan todos los funcionarios la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible e imposible para evitar la privatización”, anuncian en un comunicado.

A su vez, informan de que el pasado día 2 de abril se desplazaron a Madrid miembros de la Junta Directiva de este colectivo, con el fin de entrevistarse con varios diputados. “Ellos se han mostrado muy interesados y comprensivos con lo que está ocurriendo y nos han dado todo su apoyo. De hecho, hemos conseguido que los diputados de Izquierda Plural, Doña Ascensión de las Heras y Don Ricardo Sixto presenten una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados pidiendo que se mantenga el carácter público de los exámenes”, afirman.

También se ha registrado una pregunta al Gobierno para que se aclaren los problemas reales en este área y si se está estudiando su privatización. “Nos dicen además que van a plantear este asunto en cuantas ocasiones puedan, porque están de acuerdo en que sólo funcionarios deben seguir evaluando a los ciudadanos del permiso de conducir, por ser independientes de intereses económicos”, concluyen.