El juez pide a Defensa información sobre los contratos de vuelos anteriores al Yak

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha rechazado celebrar un careo entre el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004, Luis Alejandre Sintes, y su sucesor entre 2004 y 2008, Félix Sanz Roldán. La diligencia judicial había sido pedida por familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42, con el fin de aclarar las posibles negligencias en la contratación de la aeronave que se estrelló en Turquía en mayo de 2003. El juez considera que en este momento es innecesario y que, de producirse, debería serlo “en un posible juicio oral”.

Esta es una de las más de cincuenta diligencias que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha denegado en un auto en el que sí acepta algunas actuaciones solicitadas por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 y por otro grupo de familias representado por la abogada María Ángeles López, en el marco de la causa en la que permanecen imputados cinco altos mandos militares.

En concreto, ha acordado requerir al Ministerio de Defensa, a la contratista Chapman Freeborn y a la agencia de la OTAN Namsa toda la documentación relativa a la cadena de contratos que existieron con aviones de la antigua Unión Soviética antes del vuelo del Yak-42 siniestrado.

Los afectados piden que se aporten los contratos de 44 vuelos, así como los movimientos económicos de la contratación de cada avión, ya que “hasta ahora no se ha hecho”.

En el auto, antes de pronunciarse sobre cada una de las diligencias, el magistrado subraya que los hechos objeto de investigación “no son otros que el fallecimiento de militares españoles”, que pueden “conformar una comisión de distintos delitos de homicidio por imprudencia grave”, y que no se puede convertir la instrucción de este caso “en una indagación general y sin restricciones sobre comportamientos que son ajenos a la posible concreción de la responsabilidad criminal”.

Rechaza 46 testigos

En el caso de las actuaciones solicitadas por las familias representadas por María Ángeles López, el juez rechaza tomar declaración a las 46 personas que se habían propuesto, entre ellas las de 22 militares españoles en calidad de testigos. La letrada entendía que estos testimonios servirían para acreditar “la dejación de funciones de control y vigilancia de la contratación, aviones y vuelos de tropas a Afganistán e Irak entre 2002 y 2003”.

Además, con el careo entre los dos ex JEMAD, los familiares de las víctimas pretendían aclarar si llegó al entonces ministro de Defensa Federico Trillo la queja remitida por el teniente coronel del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra Javier Marino sobre las deficiencias de los aviones para el transporte de tropas.

Sin embargo, el juez ha rechazado todas las testificales al entender que la instrucción “no puede convertirse en la celebración de un hipotético juicio oral”. Lo mismo opina del careo y dice que este “debería concluirse en un posible juicio oral”.

Este grupo de víctimas pidió una treintena de informes a los Ministerios de Defensa y Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a las empresas Iberia yAir Europa, entre otras. El juez deniega todas y solo acepta solicitar al Ministerio de Defensa documentación relativa a la financiación del vuelo siniestrado.