El Gobierno de ?Aragón? deberá indemnizar con 52.500 euros a una paciente de 70 años a la que le ha quedado una secuela neurológica por el retraso "injustificado" de 10 meses en el tratamiento de un tumor.

Los familiares recurrieron a la Asociación 'El Defensor del Paciente' y, a través del abogado Ricardo Agoiz, se interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno de Aragón.

La paciente fue diagnosticada de un tumor cerebral en enero de 2012 y a pesar de haberse constatado un aumento del meningioma en las diversas revisiones y servicios de urgencias a los que tuvo que recurrir al empeorar su estado, se la mantuvo en lista de espera y no se le operó hasta septiembre de 2013.

En febrero de 2014 la paciente tuvo que acudir al servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde, por medio de un escáner, se confirma que "tiene los lóbulos frontales totalmente aplastados por el tamaño que alcanzó el tumor", según la información facilitada por el abogado.

Desde esa fecha la mujer no puede deambular sola por presentar trastornos en la marcha que le provocan caídas, precisa ayuda para levantarse y vestirse y sufre cambios de comportamiento.

En la resolución emitida en mayo por el entonces consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, se reconoce un retraso "injustificado" en el tratamiento de la "recidiva del tumor" así como que "de haberse realizado la intervención antes de la aparición del cuadro de sufrimiento cerebral la secuela neurológica podría haberse evitado", motivo por el que se reconoce la indemnización.

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