Cuesta entender que los apicultores españoles (y el resto de los europeos) tengan almacenada su miel en bidones porque no encuentran quien la comercialice. Que no haya movimientos ni de precios ni de compras y que las operaciones comerciales estén totalmente paradas. Y cuesta entenderlo más cuando España (y toda la Unión Europea) es deficitaria y produce muchísimo menos que lo que consume.

No es por la calidad, indiscutible y reconocida y, lo que es más, avalada por los exigentes requisitos que impone la Unión Europea a la producción de los Estados miembros.

No es por la cantidad, porque el sector lleva varias campañas soportando una sequía que ha adelgazado continuamente su cosecha, a lo que hay que sumar el descenso productivo que ha supuesto la pérdida de ejemplares por ese fenómeno conocido como ‘el síndrome de despoblación de las colmenas’ y que muchas voces achacan a los insecticidas, a plagas como la varroa e incluso a la desorientación que les provocan a las abejas las ondas de los móviles.

Ni siquiera tiene que ver con el consumo. Ahí todavía es más incompresible la situación. A los españoles nos agrada la miel, y no poco precisamente. Las cifras que se manejan en el sector es que cada ciudadano consume en el país una media de 0,7 kilos de miel al año. Eso significa que los paladares españoles se endulzan anualmente con cerca de 34.000 toneladas de este edulcorante natural. Sin embargo, y ahí viene la paradoja, el sector apícola español produce algo más de 31.000 toneladas, según los datos del Ministerio de Agricultura relativos a 2017, y la mayoría de ellas –cerca de 25.000– las comercializa (o se ve obligado a hacerlo) en los mercados exteriores, porque la demanda nacional se ve perfectamente cubierta (y más) con las casi 34.000 toneladas de miel que cruzan nuestras fronteras desde colmenas extranjeras, y no precisamente instaladas en alguno de los países del club comunitario.

Cuesta entenderlo. Pero los apicultores españoles saben muy bien lo que está pasando. Lo han explicado en numerosas ocasiones, lo han denunciado saliendo a las calles y sus organizaciones representativas –Asaja, COAG y UPA- han unido sus voces en Madrid para advertir del «desolador panorama» y la «crítica situación» que soporta este sector, en el que «miles de toneladas de miel están paralizadas en almacenes de toda España», alertan los sindicatos agrarios. Sus miradas acusadoras se vuelven hacia Oriente, más exactamente hacia China, que inunda el mercado –ya es el principal proveedor de España– de un producto ya no solo más barato, sino sobre el que planean las más duras acusaciones de fraude. Y eso lo sabe bien, también, el Parlamento y la Comisión Europea.

Lo que sucede en el sector apícola de toda la Unión Europea no es nuevo ni secreto. Lo llevan gritando desde hace años las organizaciones agrarias y los productores. Y lo han dicho en voz alta los más altos representantes de las instituciones europeas, entre los que crece la preocupación por un sector altamente profesionalizado, del que viven más de 620.000 familias de la Unión y cuya contribución bruta a la economía es considerablemente mayor al valor de la miel producida, ya que el 84% de las especies vegetales y el 76% de la producción de alimentos en la UE dependen de la polinización de las abejas. Dicho en cifras, su importancia se estima en 14.200 millones de euros anuales.

Con contundencia lo ha recordado recientemente un informe aprobado el pasado mes de octubre en el Parlamento Europeo, elaborado y defendido por el eurodiputado popular húngaro Norbert Erdos, que deja bien claro que «la situación de los apicultores que trabajan hoy en la UE no es nada fácil, ya que numerosos factores dificultan su actividad».

Uno de esos obstáculos, «el mayor con diferencia», dice Erdos, tiene forma de importaciones. Al mercado europeo llega una importante cantidad de miel, nada menos que 200.000 toneladas. Pero el problema no es la cantidad, que también. Lo malo es su coste, tan bajo que ha precipitado los precios de la miel europea, que en dos años, dice el informe, se han reducido a la mitad, abocando a los apicultores a una situación «desesperada». Porque mientras el edulcorante chino llega a España a 1,40 euros el kilo, incluyendo un 17% de arancel, el coste de producción de un kilo de miel en España es como mínimo el doble, unos 2,40 euros el kilo, una cantidad que puede alcanzar los cinco euros según el tipo de producto.

Y lo peor es su calidad. Porque, como denuncia el documento, la miel es el tercer producto más falsificado del mundo, y ese fraude afecta a casi toda la miel importada en la UE, en especial la que procede de China.

Fraude

Ahí están las estadísticas. El gigante asiático produce actualmente 450.000 toneladas de miel al año, una cifra que suma la cosecha de los mayores productores de miel del mundo (Unión Europea, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá?). Y esa cantidad, «simple y llanamente, no puede proceder de la apicultura», según coinciden en señalar los expertos.

Los productores de la UE llevan años advirtiendo de sus sospechas. Es decir, que una gran proporción de la miel importada de aquel inmenso país podría estar adulterada con azúcar de caña o de maíz. Unas sospechas que justifican los oscuros antecedentes que luce la miel china. Ahí van algunos ejemplos. Hace cinco años, en la provincia de Chongping, la policía se incautó de 45 cubos de miel falsa hecha de agua, azúcar, colorante y alumbre de aluminio como clarificante. También en 2013, Dinamarca sacó a la luz miel china que no era tal. Y si nos retrotraemos unos cuantos años más allá, a 2002, la CE decidió prohibir la entrada de miel china al mercado comunitario después de que las autoridades sanitarias británicas detectaran en este producto residuos de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en la UE desde 1994 por su toxicidad.

Un fraude al que, además, la Comisión Europea ha puesto cifras. A raíz de una iniciativa surgida del Consejo de Agricultura y Pesca de diciembre de 2015 a petición húngara, la Comisión dispuso que se efectuara un control centralizado de la miel. Realizado por el Centro Común de Investigación europeo, este concluyó que estaban adulteradas un 20% de las muestras de miel tomadas en las fronteras de la Unión –en ello incluye las producciones de otros terceros países importadores como Argentina o México– y de las analizadas en las instalaciones de las empresas importadoras.

Etiquetado y legislación

El documento apunta con su dedo acusador hacia «algunos envasadores y comerciantes de la Unión deshonestos que enriquecen estas sustancias con miel europea de calidad». También señala a la propia Comisión Europea y más concretamente a la directiva que regula el etiquetado de la miel. Porque, como recuerda en su ponencia el eurodiputado húngaro, la norma permite aplicar la mención ‘mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE’ sin especificar de dónde y cuánto –puede ser 1% española, por ejemplo, y 99% china–, lo que tiene el mismo valor informativo para el consumidor, dice el informe, «que si dijera miel no procedente de Marte», o sea, ninguno.

Estas dificultades se extienden como una mancha de aceite por las explotaciones apícolas de toda Europa, con parada especial en España, uno de los principales productores de la Unión.

Con 2,45 millones de colmenas, que representan el 15,66% del total de la UE, las cosechas de los últimos años han rondado (a la baja) las 30.000 toneladas, según los datos del Ministerio de Agricultura. Las cifras del FEGA (actualizadas en enero de 2018) señalan que en Aragón se contabilizan 1.602 explotaciones, que aglutinan a un total de 118.298 colmenas de las que se obtiene aproximadamente un millón de kilos de este edulcorante natural. Y todos ellos –y sus organizaciones representativas– reiteran todos estos argumentos para que no cueste entender de dónde viene ese «desolador panorama» que presenta el sector, en el que este año la industria ha decidido paralizar sus compras de miel con el claro objetivo, denuncian, «de rebajar el precio a alrededor de dos euros el kilo, un coste más parecido al de la producción importada».

Hay soluciones

El informe aprobado por el Parlamento no solo detalla estas dificultades –además de hacer referencia a las enfermedades de los animales y la falta de reconocimiento institucional a una actividad cuya contribución supera con mucho los aspectos económicos–, sino que además plantea posibles medidas para corregir de «forma satisfactoria» lo que califica de «situación intolerable». Por eso, su ponente pide (y confía) en que los Estados miembros y la Comisión obliguen a cumplir la normativa «a los productores de miel de terceros países que recurren a medios deshonestos», pero también a los envasadores y los comerciantes de miel de la UE «que mezclan deliberadamente miel importada adulterada con miel de calidad procedente de la Unión».

Recomienda para ello, entre otras actuaciones, el desarrollo de métodos de análisis en laboratorio (entre ellos, pruebas de resonancia magnética nuclear) capaces de detectar las falsificaciones más sofisticadas. Y solicita que se incluyan las mieles manifiestamente falsas en la lista Rasff (alerta de seguridad de alimentos); que se prohiba totalmente la tecnología de tratamiento con resina absorbente, y que en las fronteras exteriores de la Unión se proceda a la toma de muestras oficial y el análisis de las mieles procedentes de terceros países.

Pero, sobre todo, lanza un mensaje al Ejecutivo europeo. «Un elemento fundamental de la solución sería que en las etiquetas se incluya una indicación precisa del país o países de origen de las mieles empleadas en el producto final en el orden de la proporción correspondiente a cada uno de ellos», puntualiza un informe, que cuenta con el aplauso del sector.

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