Dice la Real Academia de la Lengua que la palabra de origen árabe algoritmo hace referencia a un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Eso es lo que quiere hacer la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón con la fórmula en la que se sustenta su propuesta para reformar la PAC, esto es, solucionar los agravios, la complejidad o las injusticias que ha generado el sistema de reparto de ayudas de la Política Agraria Comunitaria. Y sobre todo, cumplir una de las promesas a las que la PAC se comprometió hace más de 50 años y que todavía no ha hecho realidad: incrementar la renta individual de los que trabajan en la agricultura.

A primera vista (véase la imagen superior) no parece que esa sucesión de letras, números, paréntesis, sumas, restas, cocientes y signos griegos vaya a simplificar un actual sistema que se enmaraña con derechos históricos, ayudas por superficie o por cabeza de ganado y criterios de regionalización. De hecho, la propuesta no ha sido rebatida de forma contundente en el debate público, pero no ha faltado quienes dudan de su viabilidad práctica.

Por eso, su artífice, el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona (y todo su equipo) decidió pasar de la teoría (elucubración le llamaban algunos) a la práctica, tomó los datos las declaraciones del IRPF y de la PAC del 70% de los perceptores aragoneses y esa sucesión de ‘ak’, bk’, ‘ck’ o PRD que aparecen en el algoritmo se convirtieron en cifras que han demostrado "que más allá de su formulación teórica, el modelo funciona", dice, no sin satisfacción, el consejero aragonés.

Sus resultados están recogidos en un documento de 80 páginas cuajado de gráficos y comparativas con los que la propuesta aragonesa corrobora que se benefician más de las ayudas quien más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora, sea cual sea territorio en el que ejercen su actividad.

Cuando uno ve por primera vez el algoritmo que, según la propuesta de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, tendrá que resolver cada agricultor y ganadero de Aragón para saber cuál será la cuantía que recibirá de Bruselas, cuesta creer que el titular del Departamento, Joaquín Olona, haya encontrado un camino más fácil, justo y eficaz para reformar la compleja, desigual y burocratizada Política Agraria Común (PAC).

Pero Olona comienza a sustituir letras por números y las incógnitas empiezan a despejarse. Para comprobarlo, tome la fórmula y vaya anotando. La compensación de la renta de un determinado beneficiario individual (k) -siempre una persona física- se calcula como diferencia entre su renta agraria (RAk) -el rendimiento neto de las actividades agrarias que aparece en su declaración de la renta, excluidas obviamente las subvenciones- y una renta agraria de referencia (RAo). Para sus cálculos "de laboratorio", Olona ha tomado la renta publicada por el Ministerio de Agricultura, que se sitúa actualmente en los 28.051 euros, aunque el consejero considera que para una futura aplicación esta cifra debería ser analizada en el marco del convenio consensuado por el sector.

No todo es tan sencillo como restar. "Para que la diferencia resulte justa y eficaz" hay que aplicar cinco factores a los que se atribuye valores de entre 0 y 1. Uno de ellos mide la profesionalidad (ak) del beneficiario, que, por supuesto, no hace referencia a aquellos que lo hacen bien o no tanto, sino a la proporción de los ingresos agrarios sobre los ingresos totales consignados en el IRPF. "Tal vez sería mejor hablar de dependencia de la actividad", reconoce el consejero.

Un segundo factor pone el acento en la productividad (bk) de la explotación. Dicho de otra manera, es una medida que trata de establecer la relación entre el valor de mercado de la producción real obtenida y el valor de la producción potencial a priori establecida para la explotación. "Se pretende así penalizar la infrautilización de los recursos agrarios y la ociosidad", puntualiza Olona. Y las letras ‘ck’ hacen referencia a la dimensión económica de la explotación, entendida como la relación entre el valor de mercado de la producción potencial de la explotación y una estándar establecida a priori.

El algoritmo presentado el miércoles en Madrid ante la prensa especializada incluye un cuarto factor que no aparecía en la fórmula que el equipo de la consejería de Desarrollo Rural hizo pública el 26 de febrero del pasado año. Hace referencia a la contribución ambiental (dk) de la explotación, quiere reconocer los bienes públicos que genera el sector agrario y mide la fracción entre la producción estándar de las explotación con efectos ambientales positivos, efectivos y verificables. El consejero pone como ejemplo la agricultura ecológica, las medidas agroambientales vinculadas a la Red Natura 2000 o la agricultura de conservación, pero no descarta tener en cuenta, por ejemplo, la ayuda al sostenimiento del medio rural mediante la fijación de población, a la par que reconoce que es un término todavía por concretar.

Prorrateo (para bien o mal)

Claro que para todo ello hay un presupuesto disponible -hasta ahora alrededor de 450 millones de euros al año- que podría resultar insuficiente para atender el total de las compensaciones individuales. El algoritmo lo soluciona introduciendo un coeficiente de prorrateo (que se representan con la letra griega ‘pi’) con el que se ajustaría dicho desfase.

Podría suceder también que la dotación presupuestaria disponible (PRDt) excediera el importe total que suman las ayudas, por lo que, si así fuera, la propuesta aragonesa incluye tres alternativas: incrementar la compensación individual (CRPk) aplicando el prorrateo; destinarlo a la dotación de un fondo de reserva, o traspasarlo al segundo pilar de la PAC (cofinanciado y que permite hacer una mayor política agraria a los estados miembros), focalizando su atención en la mejora estructural del sistema agroalimentario y agroambiental.

Así, sumen, resten y dividan y comprobarán que si la profesionalidad, la productividad y la dimensión económica es cero, se anula la compensación de la renta. Cuanto mayores son estos valores, más alta es la cuantía, aunque eso sí, el componente medioambiental juega ahora un papel decisivo. Porque cuando ‘ak’, ‘bk’ y ‘ck’ toman sus valores máximos (1,00) la diferencia entre la renta obtenida y renta de referencia no se minora por razones económicas, pero puede reducirse por una cuestión medioambiental (dk). Si esta es cero, la ayuda se reduce en un 25%, pero si alcanza su valor máximo (1,00) la subvención aumenta un 50%.

Resultados "satisfactorios"

Son las operaciones que la consejería de Desarrollo Rural plasma en un documento en el que recuerda el porqué de su propuesta, el cómo se aplicaría y qué consecuencias tendría en Aragón. Así, su traslación a la realidad agraria aragonesa deja significativas cifras. Supondría una reducción del número de beneficiarios de las ayudas directas. Un total de 7.635 (el 21% del total actual) dejarían de serlo. Eso sí, el titular de la consejería de Desarrollo Rural asegura que se trata de perceptores "poco profesionales, nada productivos, con una explotación de nula dimensión económica y que no aporta ninguna contribución al medioambiente", por lo que su salida del sistema "no debería representar ningún problema, porque son personas que no dependen de la agricultura y no aportan valor a la misma".

Este colectivo recibe un tercio de las ayudas, "una lluvia fina de miles de euros que en realidad no llegan al sector agrario y están detrás de la ineficiencia de la PAC", explica Olona.

Los que continuarían en el reparto (el 78,49% de los actuales) también experimentarían cambios. De ellos, un 46,43% saldrían mejor parados: cobrarían más -la mitad incluso el doble-. El resto, 53,57% se embolsaría menos ayuda -y un 37,37% la vería reducida a la mitad-.

Claro que, según la propuesta, con lo que unos ganan y otros pierden se consigue una mejora territorial, ya que la distribución de las ayudas se traduce en un aumento de la subvención media por beneficiario del 27,41% en todo Aragón, un porcentaje que se convertirá en el 48,84% en el bolsillo de los perceptores de la provincia de Teruel, uno de los territorios tradicionalmente más castigado por la "injusta y desequilibrada" PAC actual.

Mucho menos de 800.000

No es la primera vez que al abordar la reforma de la PAC se ha analizado la conveniencia de poner límites (por arriba) a las ayudas que reciben los percpetores. Parece que va a ser una de las propuestas del comisiario de Agricultura, Phil Hogan, que, a tenor de las filtraciones que llegan desde Bruselas, no descarta una limitación obligatoria de los pagos directos por explotación de entre 60.000 euros y 100.000 euros.

No es lo que pretendía la propuesta de Olona, pero lo cierto es que el algoritmo consigue que la ayuda máxima quede establecida por debajo de los 150.000 euros, una cifra que pone freno a las subvenciones que llegan a recibir hasta 86 explotaciones aragoneses, algunas de las cuales se embolsa más de 800.000 euros anuales.

Estos, y otros muchos resultados que se recogen en el documento, son "satisfactorios", en palabras del consejero, porque demuestran que el modelo funciona. Y lo hace, detalla Olona, redistribuyendo la ayuda de los beneficiarios teniendo en cuenta su profesionalidad, la dimensión económica de las explotaciones y su productividad, lo que contrastan con la actual política "que prima unas producciones sobre otras, unos territorios sobre otros y unos agricultores sobre otros en base a unos criterios de difícil justificación e imposibles de aplicar", insiste el consejero.

"Casi todas las explotaciones aragonesas son mileuristas"

"Aunque cuestiono la PAC no estoy en contra. Y el Gobierno aragonés, menos", asegura el consejero de Desarrollo Rural, para quien "la PAC es imprescindible para la supervivencia del modelo de agricultura familiar que defendemos". Un modelo con una importante presencia en Aragón y, según Olona, el más amenazado. De hecho, según sus datos, el 73% de los beneficiarios de la PAC en la Comunidad tiene una producción estandar (valor de ventas potencial) menor de 25.000 euros. "Casi todas nuestras explotaciones son mileuristas", insiste el consejero, que detalla además que el 72% de las mismas tienen pérdidas (sin tener en cuenta las ayudas) y apenas un 27% presenta una renta positiva.

Es cierto que uno de los problemas (y características) de estas explotaciones es su escasa dimensión, pero también es verdad que aunque lo aconsejable es crecer, "no por ser mucho que aumenten las ventas se puede garantizar unas mejores rentas", dice. Insiste también en los precios son inestables, tienden a la baja y, además, el mercado no reconoce los bienes públicos que genera la agricultura. Por todo ello, defiende Olona, es necesaria la PAC, pero no una como la actual.

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