Los fruticultores aragoneses, junto con los catalanes,  los primeros y principales productores de fruta de hueso, batallaron durante este verano para conseguir que Bruselas entendiera la complicada situación por la que atravesaba el sector, cuyas producciones abarrotaban almacenes y cámaras  ante la imposibilidad de salir a un mercado que no parecía dispuesto a dar a la fruta su merecido valor.

Hubo protestas y los tractores cortaron hasta en dos ocasiones arterias principales entre las dos comunidades. Pero también reuniones en los despachos del Ministerio y de las consejerías del ramo, que se pusieron a la vanguardia de la defensa de una de las reinvidicaciones que más alto había solicitado el sector: fondos comunitarios para sacar del mercado un volumen suficiente de producción como para aliviar la presión a la que estaban sometidos los precios. Y aunque parecía "poco probable", como llegaron a reconocer altos representantes políticos, Bruselas dijo sí. El 24 de agosto, todavía en recolección, para sorpresa de muchos y cuando aún no era totalmente inútil, la Comisión Europea aprobó la retirada de casi 20.000 toneladas de melocotón y nectarina, dos importantes producciones en Aragón y las más afectadas por una crisis que todos coinciden en situar con el inicio del veto ruso allá en 2014.

Sin embargo, la retirada no ha puesto fin a la lucha de un sector consciente de que lo que comenzó siendo una situación excepcional se ha convertido, campaña a campaña, en una "cuestión estructural que necesita ser abordada con profundidad". Así lo han reconocido las organizaciones agrarias UAGA y Asaja, las cooperativas del Bajo Cinca y la plataforma en defensa de la fruta dulce, muy activas en las acciones para devolver al sector el dinanismo de otros tiempos y que ahora han puesto su firma en un manifiesto en el que explican los problemas y aportan lo que en su opinión les darían soluciones.

Así lo ha reconocido la consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, anfritriona de unas jornadas que han recorrido las principales zonas productoras de la Comunidad llevando la voz de los expertos, las experiencias de otras producciones o las propuestas de la administración para para trazar un futuro con garantías para el sector.

Y así lo ha indicado el Ministerio de Agricultura que ya prepara un plan estratégico para la fruta dulce.

La lucha no termina con una retirada

El sector frutícola tiene una fecha grabada a fuego en su memoria y en sus bolsillos. Era agosto de 2014 cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió que las fronteras de este inmenso mercado euroasiático se cerraban a cal y canto para diversos productos alimentarios de la Unión Europea, entre ellos la fruta de hueso. El problema no tenía su origen en el campo. Era una decisión política en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia por la anexión de Crimea. El veto tenía, en principio, vigencia para un año. Pero ya son cuatro las campañas que este sector ha tenido que afrontar sin poder exportar a un mercado que absorbía entre un 30% y un 35% de la producción.

"Desde entonces las cotizaciones han sido bajas o muy bajas, provocando la reducción de los ingresos de los agricultores e incluso el abandono de las explotaciones", denuncia el sector, cuyos cálculos estiman para este año una pérdida de unos 3.750 euros por hectárea con una producción media de 25.000 kilos por hectárea. Porque con unos costes de producción de unos 0,32 euros por kilo de melocotón y nectarina, apenas han percibido 0,15 euros por cada kilo de fruta comercializado. Unas cifras que justifican que los fruticultores califiquen 2017 como "el peor año de este siglo". La comparativa corrobora el calificativo. En la campaña de 2014, año en el que comenzó el veto del Kremlin, el precio en origen alcanzó los 0,28 euros/kg. e incluso subió a los 0,34 y 0,37 durante el resto de los años de la década.

La situación se tornó tan complicada durante esta campaña que, contra todo pronóstico y con una celeridad poco conocida en Bruselas, la Comisión autorizó el pasado mes de septiembre fondos suficientes para subvencionar una retirada adicional de hasta casi 20.000 toneladas de fruta. Pero el sector quiere más, porque insiste en que aquello que comenzó siendo una decisión política coyuntural se ha convertido en un problemas estructural que necesita ser abordado en profundidad. Así lo han plasmado los representantes de UAGA, Asaja, la plataforma en defensa de la fruta dulce y cooperativas del Bajo Cinca en un documento que recoge las propuestas adoptadas en la mesa de la fruta celebrada en la localidad oscense de Fraga.

El documento insiste en que la "complicada" situación que vive el sector frutícola tiene su origen en el veto ruso. Y que de aquellos polvos vienen todos estos barros. Reconocen que el mercado europeo está saturado, porque, aseguran, a pesar del trabajo realizado por los productores en otros mercados, los nuevos clientes internacionales apenas han adquirido un 5% de aquel 35% de producción que viajaba hasta Rusia.  Señalan con dedo acusador que son también "las prácticas de la distribución comercial" las que hunden las cotizaciones, pero explican que el escenario para la especulación está servido con un mercado europeo a rebosar (de nuevo por el veto ruso).

Reconocen que hay aumento de la producción del 5% anual, un ritmo que no ha descendido a pesar de las dificultades que trajo consigo el boicot de Putin, pero matizan que es así "porque las plantaciones estaban realizadas en la fecha en la que se inició el veto y solo han hecho que producir más por su crecimiento natural a lo largo del ciclo de plantación". Y avisan: así continuará sucediendo hasta 2023, fecha en la que se espera que entren en declive. Para más inri, dado que no se esperaba el cierre de las fronteras (de nuevo el veto ruso) de un mercado que abría las expectativas a grandes volúmenes y buenos precios, se invirtió en nuevas plantaciones de alta densidad, mecanizadas y protegidas contra adversidades climáticas. "Todo ello ha derivado en un sector grande en producción pero sin una visión comercial de esta producción más allá de cederla a ‘resultas’ al mejor postor que aparece en el momento de la cosecha", reconocen los firmantes del documento.

Dos propuestas a elegir

Pero el manifiesto del sector no se queda en los lamentos. Aporta soluciones, más allá de las medidas temporales que no parecen haber dado los resultados necesarios. Y en algunos casos, hasta plantean una doble alternativa. Lo presentan así cuando defienden que una "medida finalista" sería el arranque de la superficie que ha quedado en exceso tras el cierre del mercado ruso y, en consecuencia, la prohibición de nuevas plantaciones de frutales de hueso en aquellos países productores que ya han recibido ayudas excepcionales durante los años pasados (leáse España).

Pero, ¿cómo hacer este arranque? Los fruticultores ponen sobre la mesa dos opciones. Con una, para reducir hasta un 20% de la producción, se propone indemnizar con entre 6.000 y 8.000 euros por hectáreas si se arrancan hasta 10 hectáreas; con 4.000 a 6.000 si la producción a desaparecer se sitúa entre las 11 y las 40 hectáreas, y reducir las ayudas a entre 3.000 y 4.000 euros cuando el arranque afecta a más de 40 hectáreas. 

Se podría optar, dice el sector, por una segunda alternativa, que establece una ayuda anual ligada al arranque de las plantaciones durante los próximos 5 años, periodo en el que no podría utilizarse la tierra para cultivar ninguna otra fruta u hortaliza. En este caso, con el que se pretende el arranque de unas 15.700 hectáreas, el plan estaría limitado a cinco hectáreas por beneficiario, que cobraría –si está integrado en una organización de productores– 3.500 euros por hectárea si su tierra está ocupada por nectarina o melocotón, una cifra que subiría a los 4.300 si la plantación a arrancar es de paraguayos. Fuera de una OPFH, las ayudas se reducen a 2.400 euros/ha. para los dos primeros cultivos, y 2.900 para el tercero.

Y en ambos casos, la financiación, destacan los productores, debería correr a cargo del presupuesto de grave crisis que para tal fin está contemplado en la PAC.

El plan de acción 2018, como así lo denominan, no solo dirige sus demandas a Bruselas. Sus defensores piden además al Gobierno central medidas fiscales excepcionales así como una plan de prejubilaciones para agricultores a titulo principal, ligado al arranque y que permita a los productores que hayan superado los 60 años cesar su actividad conservando el 100% de las prestaciones. A la Administración autonómica le solicitan el adelanto de la subvención del seguro de frutales así como, entre otras medidas, un año más de carencia de los préstamos solicitados aquel primer año del veto ruso. Y a los dos Ejecutivos conjuntamente les piden mayor esfuerzo en la promoción y mejores y más intensas actuaciones para evitar la especulación en la cadena alimentaria.

Plan estratégico a largo plazo

En su lucha por encontrar una salida que ponga fin al laberinto de precios (bajos) en el que llevan perdidos los fruticultores aragoneses, el sector ha encontrado aliados. Tanto en la consejería de Desarrollo Rural como en el Ministerio de Agricultura reconocen la delicada situación en la que se encuentra unas producciones que en Aragón generan más que 15.000 empleos.

Prueba del interés de los representantes políticos del ramo destacan las jornadas organizadas por el departamento que dirige Joaquín Olona, en las que expertos del sector agroalimentario han diseccionado el actual escenario frutícola y han lanzado propuestas para revitalizar el dinamismo de este sector.  Eso sí, todas ellas ponen en el centro a los propios productores a los que recomiendan dejar de esperar que las soluciones vengan de fuera y aconsejan ponerse al frente de un carro que tirará más y mejor si está liderado por ellos mismos.

El Ministerio que dirige Isabel García Tejerina también está convencido de que el sector de fruta dulce necesita un plan. Y en ello está trabajando. Lo anunció el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, tras la reunión que mantuvo el pasado 10 de octubre con las organizaciones hortofrutícolas y en la que insistió en que "el sector se enfrenta tanto a problemas de oferta como de demanda, que deben ser analizados en profundidad con el fin de alcanzar un diagnóstico consensuado entre todas las partes". Para ello ya hay una fecha. El próximo 27 de octubre se convocará una reunión específica sobre fruta de hueso. Después, todavía por concretar, se abordará el escenario en el que se encuentra la fruta de pepita

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