Heraldo del Campo

La unión hace la innovación

En Aragón se están creando ya 24 grupos operativos que unen la fuerza de distintos agentes agroalimentarios y centros tecnológicos de la Comunidad.

Porque es necesario. Porque así lo exige Europa. O porque el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón es de los convencidos de que los grandes retos a los que tiene que hacer frente el sector agroalimentario hay que responder con "innovación basada en el conocimiento". Sea por lo que sea, o por todo a la vez, lo cierto es que el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 incluye una decidida y novedosa apuesta para transferir investigación a la agricultura y la ganadería. Y hacerlo, además, de manera operativa, es decir, estrechando la brecha entre el quehacer de los centros tecnológicos y las demandas de los productores agroalimentarios, acercándolos tanto que incluso caminen juntos y de la mano en la realización de proyectos innovadores.

En esta filosofía se enmarcan los llamados grupos operativos, que no son otra cosa que una agrupación funcional y temporal creada por distintos agentes del sector interesados en resolver un problema sectorial o territorial específico o aprovechar una oportunidad concreta mediante la ejecución de un proyecto innovador. Este puede estar relacionado con el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías. Puede servir para resolver problemas concretos de las explotaciones agrarias y forestales o del regadío. O también para buscar un aumento del valor añadido de las producciones.

Un grupo operativo no tiene que tener personalidad jurídica ni un número máximo de miembros, aunque debe estar formado, al menos, por tres actores independientes entre sí. Eso sí, es obligatorio que cuente con la participación de un centro de investigación y que el proyecto sea netamente innovador. "No se trata de aplicar tecnología que está inventada, sino dar una solución totalmente novedosa", explican al alimón el director general de Desarrollo Rural del Ejecutivo aragonés, Jesús Nogués, y el jefe de servicio de Innovación y Transferencia Agroalimentaria, Ramón Iglesias.

Los artífices de estos grupos no están solos. En esta apuesta por la innovación disponen además de una herramienta fundamental: el apoyo económico de las administraciones. Su creación, primero, y el desarrollo de su proyecto, después, disponen de una línea de ayudas dotada con dos millones de euros, financiada en un 80% por los fondos comunitarios y cuyo 20% restante llega de las arcas de la Comunidad.

En Aragón, una de las regiones que más ha avanzado en esta línea, está a punto de concluir la primera fase. Se publicó la convocatoria de ayudas (250.000 euros) para la creación de los grupos. Se presentaron 33 agrupaciones, de las que 24 han resultado aprobadas, que se encuentran ahora en periodo de creación, un trámite que el departamento de Desarrollo Rural espera que quede cerrado antes de terminar el año para poder convocar, a comienzos de 2018, las ayudas para la ejecución de los proyectos.

No ha sido sencillo, pero Aragón cuenta ya con 24 grupos operativos, actualmente en fase de creación. Y aunque solo han presentado una versión simplificada de lo que será su proyecto de innovación, el documento da buena cuenta de cuáles son los problemas que preocupan y ocupan al sector agroalimentario aragonés.

Hay varias propuestas con las que hacer frente a las dificultades que suponen los purines, o que han puesto el foco en la ganadería extensiva, en la utilización más eficaz de los pastos y en las oportunidades que ofrece la biomasa. Hay proyectos que miran a los mercados y proponen investigaciones para adaptar las producciones frutícolas a los nuevas nuevas demandas de los consumidores, pero también a posibles nuevas ubicaciones de las explotaciones.

Hay quienes quieren dar respuesta a la gobernanza del agua, y quienes apuestan por adaptar las más punteras tecnologías para convertir también a la alimentaria en una industria 4.0. Y no faltan propuestas que tienen que ver con la solución de problemas de bienestar animal o con prácticas que provocan unas elevadas pérdidas en la producción, sin olvidar aquellos que esperan encontrar tratamientos eficaces para evitar los perjuicios de plagas invasoras que provocan, como el caso del mejillón cebra, enormes daños en las infraestructuras hidraúlicas.

Una "potente" respuesta

"En cierto modo nos ha sorprendido la potencia de los proyectos", reconoce tanto el director general de Desarrollo Rural del Ejecutivo aragonés, Jesús Nogués, como el jefe de servicio de Innovación y Transferencia Agroalimentaria, Ramón Iglesias, que aseguran que, dado que esta iniciativa era totalmente nueva, "no sabíamos con qué podiámos encontrarnos".

La respuesta ha sido más que satisfactoria. Así lo corroboran también las cifras. Estos grupos operativos movilizarán a 150 actores, de los que 108 podrán acceder a las ayudas porque son beneficiarios. Además, todos los grandes centros de investigación de la Comunidad aragonesa están presentes, como entidades colaboradoras, en alguno de los grupos creados. Incluso participan organismos investigadores de otras regiones, porque aunque las bases dejaban claro que los organismos tecnológicos tenían que ser aragoneses, se abría la posibilidad a otras regiones cuando la respuesta tecnológica a un determinado problema no se encontraba en Aragón. De la inversión total necesaria para sacar adelante el proyecto, la financiación pública cubrirá hasta el 80%. Eso sí, el presupuesto auxiliable tiene como límite los 200.000 euros.

"Uno de los grandes objetivos que cumplirá esta iniciativa es que, por primera vez, estamos consiguiendo poner en contacto ambas partes, por un lado los científicos que a veces investigan sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad, y, por otro lado, al sector, que a veces no conoce las oportunidades que tiene en este campo", señala Nogués.

Una vez creados, porque así lo establece la exigencias comunitarias, estos grupos entrarán a formar parte de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), un organismo creado con el objetivo de fomentar una agricultura y silvicultura competitivas y sostenibles, que permitan obtener más y mejor con menos. "Europa quiere tener una red de innovación más estable, no solo un grupo para solucionar un problema concreto, sino una organización conectada entre sí y con cierta estabilidad", señala Nogués.

Con la puesta en marcha de los grupos operativos, Aragón junto con Cataluña, Andalucía, Galicia, La Rioja y País Vasco, se convierte en una de las seis únicas comunidades españolas que han realizado estos trámites.

La cooperación suma

La apuesta de la Consejería por la transferencia de conocimiento no solo se han plasmado en la creación de estos grupos operativos. Existen también los llamados grupos de cooperación. En este caso, son agentes del sector los que se asocian para dar respuesta a corto plazo a un problema concreto. Una respuesta que probablemente necesite transferencia tecnológica, aunque para ello pueden recurren a las innovaciones ya existentes.

Y aunque, por esa condición, no es necesario que en dicho grupo participe un centro tecnológico, lo cierto, señala Iglesias, es que están presentes en el 90% de los 56 grupos de cooperación aprobados en las dos convocatorias ya publicadas. Una cifra que aumentará en breve ya que antes de que termine el año prevista la publicación de una tercera convocatoria de ayudas para este fin, al tiempo que se convocan las ayudas para que la ejecución de los proyectos comience con el nuevo año.

El asesoramiento agrario da sus últimos pasos para ser realidad

El camino ha sido largo, pero el servicio de asesoramiento de explotaciones agrarias y forestales está cerrando los últimos trámites para ser una realidad en los próximos meses. La novedosa medida incluida en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 cumple una de exigencias de la nueva PAC, aquella con la que Bruselas obliga a los Estados miembros -en el caso español a las comunidades autónomas- a disponer de servicios a los que los agricultores y ganaderos puedan acudir cuando requieran información, recomendación y ayuda para solucionar cualquier problema o necesidad que se les plentee en sus explotaciones.

Las constantes idas y venidas de la Comisión Europea sobre el modelo a aplicar para la concesión externa del servicio ha hecho invertir a las administraciones casi dos años, en los que, una vez decidido que la adjudición se realizaría mediante una licitación pública, fueron necesarios numerosos informes y propuestas para documentar -y conseguir el agrado de la UE- cómo se adaptaban las exigencias comunitarias a la normativa de concurso público de cada país.

Aragón ha entrado en la recta final del proceso. Como explica el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, ya se ha licitado el concurso y se han abierto las propuestas de las 14 entidades que han concurrido. "Con toda probabilidad el resultado de las seleccionadas finalmente se realizará durante este mes de octubre", destaca. Una selección para la que se ha establecido una puntuación mínima, en la que se han tenido en cuenta, por ejemplo, los medios materiales y personales disponibles para prestar el servicio, o la experiencia mínima de años en labores de asesoramiento, que además debe de ser integral, es decir tanto relativa tanto a aspectos económicos, como de mejora de competitividad y rentabilidad, de alimentación y sanidad animal y vegetal, fertilización orgánica y mineral o mejora de técnicas disponibles en cultivos o en cría de animales, entre otros. Aquellos que la cumplan serán los agentes encargados de prestar este servicio, que no es obligatorio para el agricultor, si bien aquellos que accedan a él voluntariamente tendrán que desembolsar el 20% del coste. El 80% restante llegará de las arcas públicas, en concreto, de este porcentaje el 80% lo aportan los fondos comunitarios y el 20% son recursos de la Administración aragonesa, hasta sumar cerca de los 4,5 millones de euros que se irán aportando hasta 2020.

Una vez que se decida qué entidades han sido seleccionadas se publicará una norma para que los agricultores se apunten a aquellas entidades que consideran más adecuadas. Y esa será la ‘contabilidad’ utilizada para el reparto de la financiación pública disponible, de tal manera que en función de los posibles clientes que se hayan adherido a cada una de las organizaciones seleccionadas contarán con más o menos recursos.

A pesar de todas las dificultades y el retraso con las que se ha encontrado el Departamento de Desarrollo Rural para cumplir con esta exigencia de la PAC, el servicio, que podría estar en marcha a comienzos del próximo año, convierte a Aragón en la segunda Comunidad, solo detrás de La Rioja, que lo hace realidad.

- Más información en el Suplemento Heraldo del Campo.

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