El juez instructor del ‘caso Bankia’ y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han acotado el universo de posibles perjudicados a quienes compraron acciones de Bankia en el momento de su salida a Bolsa (julio de 2011) y, en todo caso, antes de que en abril de 2012 aparecieran las primeras noticias sobre irregularidades importantes en sus cuentas que desembocarían en un agujero de 22.424 millones de euros. Es decir, los preferentistas como tal quedarían fuera salvo que acrediten haber sufrido un perjuicio directo por la "planificación, ideación y comercialización generalizada" –es decir, no a título individual– de esas participaciones especiales.

Y es que los magistrados han acotado a esos aspectos la causa penal abierta por las preferentes de Bankia, de modo que no se indagan los supuestos fraudes individuales a cada inversor sino la posibilidad de un engaño generalizado que ayudara a mostrar una situación saneada de las finanzas del banco (y/o de sus cajas) que no se correspondía con la realidad. En base a ello Andreu imputó hace casi dos años a una decena de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bancaja, encabezados por Miguel Blesa. Todos declararon en marzo de 2014, pero como querellados ya que pese a observar indicios de la posible comisión de delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas y/o publicidad engañosa, no había podido determinar quiénes serían efectivamente sus presuntos responsables.

La instrucción no ha avanzado mucho desde entonces. Por eso, distintos preferentistas han ido pidiendo todo tipo de diligencias para reactivarla, aunque solo una pequeña parte han sido aceptadas.

Los magistrados sostienen que no es posible afirmar "con carácter general" que engañaran u ocultaran información a sus clientes minoristas, además de que tampoco hubo "insidia, mendacidad o fabulación". Por eso, ven "aconsejable" que "este conflicto se resuelva en la vía civil".