Un zaragozano tiroteado por un preso en tercer grado exige 235.000 euros al Estado
La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite la reclamación.
El Ministerio del Interior se negó a indemnizar al herido por no considerarse responsable.
El abogado del perjudicado, José Cabrejas, ya intentó en su día que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario. Pero la Audiencia Provincial de Zaragoza tan solo condenó a los autores materiales de las lesiones: a José Luis Ariza López le impuso doce años de prisión por disparar y herir en la pierna al ahora demandante; y a Antonio Ariza López le castigó con cinco años por clavarle un objeto cortante. Sin embargo, en su sentencia, el tribunal dejaba la puerta abierta a la víctima para que reclamase daños y perjudicados por la vía administrativa. Que es lo que hizo cuando el Supremo declaró firme el fallo, en abril de 2013.
Lo primero que hizo la víctima del tiroteo fue plantear la reclamación patrimonial ante el propio Ministerio del Interior. En su escrito, el zaragozano recordaba que resultó herido con arma de fuego en el muslo derecho, con orificio de entrada y salida en caras posterointerna y externa, con trayecto trasversal y con parálisis del nervio ciático poplíteo externo. La víctima también sufrió una herida incisa superficial por arma blanca en fosa ilíaca derecha y trastorno por estrés postraumático. Precisó para su curación de tratamiento médico, farmacológico, rehabilitador y ortopédico, por lo que tardó en recuperarse 561 días (554 impeditivos para su actividad habitual).
El demandante intentó hacer ver a la administración pública que la agresión de la que fue víctima podría haberse evitado. Según este, habría bastado con que la dirección de la cárcel de Zuera hubiera sido más rigurosa a la hora de conceder sendos permisos a los hermanos. Según su abogado, la concesión de los beneficios penitenciarios fue "manifiestamente inadecuada", generando con ello "una situación de riesgo añadida" por la que se vio perjudicado su cliente y "por la que ha de responder el Estado".
Pero ninguno de estos argumentos fueron admitidos por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que el pasado 9 de octubre dictó una resolución desestimando la reclamación patrimonial. De ahí que el perjudicado haya recurrido ante la Audiencia Nacional, que ha admitido a trámite su recurso y ha requerido ya al Ministerio del Interior para que aporte todos los expedientes del caso.