Hasta 161 trabajadores de Sarga fueron en listas de partidos las últimas elecciones
?Uno de cada diez empleados de la firma pública fueron candidatos. Casi la mitad, por el PAR.
Tras el PAR, es el PSOE, con 31 trabajadores,el partido que más candidaturas concentró en 2011. Le siguió el PP, con 26; CHA, con 15;e IU, con 7. Otros partidos minoritarios también incorporaron en sus listas algún trabajador de la empresa pública dedicada a la extinción de incendios, tratamiento de residuos y recogida de cadáveres. Es el caso de Compromiso con Aragón, la Federación de Independientes, Ecolo, la coalición Colectivo Convergencia-IU, y el Partido Animalista.
De acuerdo con la respuesta parlamentaria, uno de cada diez empleados de la sociedad tiene compromiso político. Un hecho que ha ido en aumento, legislatura tras legislatura. De hecho, el número de candidatos en nómina se ha multiplicado por 2,5 desde 2003. En ese año, y siempre según los datos aportados por el Ejecutivo, fueron 64.
El mayor salto se produjo en las elecciones de 2007, con el aragonesista Alfredo Boné aún al frente de la Consejería de Medio Ambiente, cuando la cifra se duplicó y pasó a 141. En todos los casos, la inmensa mayoría de candidatos lo fueron en lista locales. De hecho, de los 161 aspirantes de 2011, solo cinco concurrieron en los comicios autonómicos.
En la respuesta, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, del que depende Sarga, también da cuenta de los permisos concedidos el año pasado a sus trabajadores por desempeño de cargo público. En total, se dieron 106 días y 40 horas "acreditados por todos los beneficiarios con anterioridad a su disfrute y adjuntando petición firmada de la persona competente de la administración a la que representan".
La denuncia del trabajador de Sarga provocó múltiples reacciones. El PAR negó la mayor desde el principio y solicitó información oficial al Gobierno. CHA, que denunció el uso de las empresas públicas como "oficinas de colocación", planteó crear una comisión en el Parlamento. Y la Asociación para la Defensa de la Función Pública lamentó la "instrumentalización del sector público autonómico" y llegó a afirmar la necesidad de llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción.
Desde que compareciera en las Cortes, el trabajador ha sufrido "acoso", según ha denunciado la Candidatura Independiente, ya que la dirección se niega a regularizar su situación. "Debería ser fijo discontinuo y no temporal", mantienen. Ayer, CHA volvió a mostrarle su apoyo. Su diputado Joaquín Palacín cargó contra lo que "solo responde a un castigo por hacer uso de su libertad de expresión hablando en alto sobre una situación que es un secreto a voces".
