Los directores de los centros, que son los gestores del servicio, las asociaciones de padres, las propias monitoras y las empresas solo están totalmente de acuerdo en un punto: el precio depende de cada colegio y no es posible marcar uno de referencia. El número de comensales, las horas que es necesario contratar a las monitoras entre la mañana y la tarde, la gestión (cocina propia o catering) y la proporción de niños con beca de comedor (en algunos colegios supera el 80%) hacen que unos centros arrastren un déficit permanente, mientras otros gocen de un pequeño superávit. Además, cada cual tiene su receta para bajar el precio: unos apuestan por subvencionar el servicio aludiendo a su naturaleza educativa; otros insisten en que un pago de las becas en tiempo y forma ayudaría a sanear las cuentas y otros consideran vital devolver las cocinas a los centros.

Actualmente, comer en un colegio público aragonés cuesta 92 euros al mes (5,25 por día) por alumno. Son cuatro euros menos que en diciembre por la exención del IVA de las monitoras, pero 15 más que hasta el curso 2011-2012. En ese momento, Educación dejó de subvencionar un tramo (que teóricamente aliviaba parte del coste de las monitoras) y el resultado fue una subida del 25%. En los centros concertados, donde pagan además servicios como la luz, el gas y el agua (asumidos por el Ayuntamiento en la pública), el precio oscila entre los 100 y los 130 euros al mes.

Según sus cálculos, en un centro tipo gestionado por un cáterin, el servicio de monitoras se lleva entre el 60% y el 65% del gasto (un poco más de 3 euros de los 5,42); la comida en sí saldría por 1,5 euros (el 28% del total) y, el resto, sería para beneficio industrial, el leasing (por el ‘alquiler’ de la maquinaria) y el superávit, tres conceptos que se eliminarían con cocinas propias. Matizan, eso sí, que no todos los colegios tienen el mismo número de monitoras, la misma cantidad de becados (la DGAabona las becas con muchos meses de retraso) o el mismo tiempo intersesiones.

"Según estudios, estos 1,5 o 1,6 euros darían para un menú equilibrado y suficiente sin contemplar otros gastos; pero este modelo hace que paguemos el 120% del coste real", insiste el portavoz de la plataforma, Pablo Alconchel. En su opinión, la calidad se ha "resentido" desde que se eliminaron las cocinas en los centros, y ven "inexcusable" la vuelta a este modelo. "Debería crearse un órgano administrativo dentro de la DGApara el seguimiento de los menús, porque la comida congelada pierde nutrientes, y de eso nadie nos informa, y porque no se está educando a los niños en lo que es comer bien, algo que repercute en el ahorro sanitario y en la economía local", reprocha Alconchel.

En el otro lado, las empresas de cáterin insisten en que unificar el precio es una quimera y reconocen que es necesario ajustarse a una relación calidad-precio, pero que esto no es sinónimo de peor servicio. Combi Catering sirve a más de 30 colegios públicos y acaba de recibir el premio Ebrópolis por su proyecto de comedor escolar sostenible en el centro privado Juan de Lanuza, donde además hacen labores de sensibilización con los niños. En toda su red sirven productos aragoneses y de proveedores locales. "Cumplimos con los requisitos nutricionales y los establecidos por la Guía de Comedores de Aragón", asegura Lucía García, responsable de Calidad.

La federación de padres de la escuela pública, Fapar, insiste en que fue un error subir el precio del servicio y cree que el precio está sobredimensionado. "El comedor es un espacio educativo y debe ser asequible en los centros públicos. Además, es un servicio complementario, que contribuye a la conciliación y que tiene una función social", resaltan.