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Zaragoza

Una desahuciada pasa diez días en la cárcel por no poderla citar para un juicio

Un tribunal ordenó su búsqueda e ingreso en prisión al no comparecer en una vista en la que se le acusaba de falsear unos recibos para demostrar que había pagado el alquiler.

Marta Garú. Zaragoza Actualizada 10/12/2014 a las 07:55


Soraya Jiménez está en la cárcel de Zuera desde hace diez días. La Audiencia Provincial de Zaragoza ordenó su búsqueda e ingreso en prisión después de que los intentos por localizarla para entregarle la citación del juicio que se tenía que celebrar contra ella resultaran infructuosos. Sobre todo, porque los agentes judiciales no la encontraron en el domicilio del que había sido desahuciada y ella tampoco había facilitado una nueva dirección en la que poder recibir el correo y las comunicaciones.

Al parecer, en el momento en que trataron de citarla, Soraya Jiménez estaba haciendo los trámites de empadronamiento en un nuevo domicilio. Pero como no comunicó esta situación y ante la imposibilidad de localizarla, los magistrados de la Sección Primera ordenaron su búsqueda e ingreso en prisión para garantizarse su presencia en el juicio que se celebró ayer.

La mujer estaba acusada de un delito de falsedad y otro de estafa procesal en grado de tentativa, hechos ambos que cometió para evitar ser desahuciada del piso en el que vivía con sus dos hijos menores. Ayer reconoció que a principios de 2013 falsificó la firma de su casero en unos recibos de alquiler con los que intentó justificar ante una juez que los había pagado.

Simuló la firma del casero


Esta es la mejor salida que encontró ante la demanda de desahucio que interpuso el propietario del piso por la falta de pago del arrendamiento. Soraya Jiménez simuló la firma y la letra del casero en los recibos correspondientes a diciembre de 2012 y enero, febrero y marzo de 2013. La acusada pretendía de esta forma hacer creer a la juez de Primera Instancia que no debía ninguna renta y, por lo tanto, el desahucio no podía llevarse a cabo. Evidentemente, la treta no le salió bien y se descubrió que había falsificado los recibos.

El fiscal del caso la acusó de un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de estafa procesal en grado de tentativa. Por el primer delito solicitó para ella dos años de prisión y una multa de 10 meses, con una cuota de 8 euros diarios (2.400 euros) y por el segundo, nueve meses de cárcel y una multa de 1.200 euros, así como la imposición de las costas procesales.

Tras una negociación entre el representante del Ministerio Público y el letrado defensor de la acusada, Soraya Jiménez accedió a reconocer los hechos y a aceptar una condena de dos años de prisión (un año y nueve meses por la falsedad, y tres meses por la estafa frustrada). El abogado solicitó al tribunal que la sentencia sea dictada cuanto antes pues, paradójicamente, en cuanto el fallo judicial sea firme la mujer podrá salir de prisión ya que, al no tener antecedentes penales, el tribunal de la Sección Primera ha accedido a aplicarle la remisión condicional de la pena. Esta suspensión se mantendrá si en ese periodo de dos años no vuelve a cometer ningún delito.




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