La mala gestión de guantes y mascarillas usados está aumentado la presencia de plásticos en ríos y mares
Un informe del Seprona de la Guardia Civil ha confirmado que covid disparó a 130.221 las infracciones por residuos sanitarios, mascarillas y guantes en el medio ambiente.
La Guardia Civil registró en 2020 un total de 130.221 infracciones relacionadas con residuos sanitarios, sobre todo guantes y mascarillas para protegerse frente a la covid-19, lo que supone la novedad en el balance anual de actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de este Cuerpo.
El Serpona registró el año pasado 4.234 delitos contra el medio ambiente, detuvo o investigó a 3.957 personas y tramitó 233.000 infracciones administrativas.
En el balance de ese ejercicio destacan especialmente las infracciones a la normativa sobre sanidad pública por residuos relacionados con la protección frente al coronavirus.
La Guardia Civil advierte de que la mala gestión de los guantes y las mascarillas usados está incrementando la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, una problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y el daño que provoca en los ecosistemas.
A raíz de las declaración del estado de alarma y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia, tanto en las personas como en el medioambiente, el Seprona ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos.
Debido al gran volumen de actuaciones higiénico-sanitarias en el pasado ejercicio se han podido registrar 130.221 infracciones en este ámbito.
El balance del SEPRONA destaca la participación de la Guardia Civil en la Operación Retrovirus, un proyecto nacido en el seno de Europol para abordar la problemática asociada a la gestión de residuos ligada a la pandemia.
Durante la misma fueron detenidas 53 personas y se llevaron a cabo más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de residuos sanitarios, y pese a que la mayoría de ellos cumplía la normativa se detectaron graves irregularidades.
Los delitos que más han aumentado son los relacionados con el maltrato animal, la caza y contra la flora y la fauna. En relación con estas infracciones penales los detenidos por furtivismo, más de 250, aumentaron fruto de distintas operaciones.
En cuanto a las infracciones administrativas destacaron las referidas a vertidos y residuos, con 17.183 denuncias; las actuaciones relacionadas con animales de compañía, 10.459; con sanidad animal, 8.427, y las de aguas, 4.274.
También se registraron 6.800 infracciones relativas a espacios naturales de flora y fauna, un 30 por ciento más que en 2019, y 5.711 sobre caza.
Asimismo se esclarecieron 352 incendios forestales, el doble que en 2019, con un total de 330 detenidos o investigados.
Destacó el incendio acaecido en Burgos cometido por imprudencia grave, que llegó a alcanzar el nivel 1 y que quemó más de cien hectáreas, en cuya extinción participaron más de ochenta efectivos y nueve medios aéreos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las cifras de maltrato y abandono de animales siguen la misma tendencia que años anteriores y fueron detenidas 630 personas.
En relación con el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se recuperaron más de 750 especímenes entre aves, reptiles, mamíferos y anfibios, una cifra bastante inferior a la de 2019.
Las intervenciones relacionadas con la seguridad agroalimentaria y la salud pública disminuyeron respecto a 2019 al detectarse 117 delitos que dieron lugar a 259 detenidos o investigados.
