Cuáles son los riesgos concretos que tendrá el cambio climático en España, dónde afectarán y cómo responder a ellos debe ser un eje fundamental de la Ley de Cambio Climático que va a elaborar el Gobierno, y que, a juicio de los expertos, debe incluir un catálogo de esos peligros.

Así se ha puesto de manifiesto en la sesión dedicada a la adaptación al cambio climático en el marco de las jornadas 'España, juntos por el Clima' que organiza el Gobierno este jueves y viernes para recoger aportaciones de la sociedad ante la elaboración de la citada regulación.

"La nueva ley debe abordar los riesgos del cambio climático", ha subrayado uno de los científicos españoles más relevantes en esta materia, José Manuel Moreno, quien considera que la norma debe incluir un sistema nacional de evaluación de esos riesgos, de su naturaleza, dimensión y cómo responder a los mismos.

"Identificar esos riesgos en el tiempo y en el espacio es lo que nos permitirá establecer un marco donde operar en materia de adaptación al cambio climático", ha señalado Moreno.

Una vez concretados esos peligros, el científico -catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha- ha abogado por que la siguiente tarea sea "trazar responsabilidades entre los diferentes actores (Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) de quién va a hacer qué para dar respuesta a cada riesgo".

Para Moreno, "la ley tiene que considerar también barreras y límites porque no va a haber dinero para todo lo necesario en adaptación. Por tanto, hay que tomar decisiones, priorizar y reconocer ante los ciudadanos que hay cosas que no se van a poder hacer".

Al margen de los planes sectoriales de adaptación que se vayan a desarrollar, el científico ha dicho que hay medidas para incrementar la resiliencia al calentamiento que pueden ponerse en marcha ya "y que no nos vamos a arrepentir de ejecutarlas" porque van a reducir la vulnerabilidad del país.

David Howell, portavoz de cambio climático de SEO/BirdLife, quien ha intervenido en nombre de las organizaciones ecologistas, ha coincidido en que es vital contar con ese catálogo de riesgos y preparar el sistema sanitario ante un posible incremento de afecciones a consecuencia de este fenómeno.

La gerente de medio ambiente de Telefónica, Maya Ormazabal, quien ha intervenido en nombre del sector privado, ha apuntado que ese catálogo debe ser revisado cada cinco años, y que además debe crearse un observatorio nacional de la adaptación.

Ormazabal también ha abogado por que la ley recoja un fondo financiero dedicado a la adaptación y porque se tengan en cuenta las soluciones en I+D+i en esta materia que se ofrecen desde las empresas.

"La adaptación al cambio climático debe ser política de Estado, y protagonista en la futura Ley", ha dicho la consejera de Medio Ambiente de Asturias, Belén Fernández, quien ha defendido que el Observatorio de la Adaptación estén las tres administraciones y las universidades.

Fernández ha incidido en que la nueva norma debe contemplar la rendición de cuentas periódica en materia de adaptación, así como mecanismos de discriminación positiva hacia las comunidades autónomas que más se involucren.