Sanidad publicó esta semana la lista de las 157 presentaciones farmacológicas de algo más de 50 medicamentos a los que se aplicará el copago en hospitales, una medida anunciada ya hace unos meses, que deberá entrar en vigor el 1 de octubre.

El Gobierno cambia de esta manera la financiación pública de los medicamentos dispensados en farmacias hospitalarias para personas que no están hospitalizadas. Entre los medicamentos incluidos, hay 50 para enfermedades graves, como el cáncer o la hepatitis C, que hasta ahora estaban exentos de pago. A partir de octubre los enfermos deberán pagar el 10% del precio, sin superar nunca los 4,20 euros por envase.

Las distintas asociaciones de pacientes rechazan la medida y critican la "pérdida de calidad de vida" para los afectados.

"Al final acabará costando más dinero al sistema"

Tomás Mainar, presidente del Foro Aragonés del Paciente, asegura que los pacientes más afectados serán aquellos con enfermedades neuromusculares degenerativas, enfermos de cáncer, e incluso SIDA y VIH. Además de aquellos que sufren enfermedades raras que necesitan medicamentos concretos muy costosos.

"Esperamos que la gente, a pesar del coste, vaya a buscarlos y puedan pagarlos para seguir tomándolo porque sino, las consecuencias pueden ser muy graves", reconoce. "Estamos pidiendo que sean muy conscientes de lo que hacen o que el Gobierno de Aragón asuma el coste", añade. Mainar reivindica que ya lo advirtieron con el "tema de los extrahospitalarios, y ahora es un pasito más y otro más, lo peor es que igual no paran aquí".

Desde el Foro critican que esta medida "no tiene sentido". "Nos parece fuera de toda lógica -concreta-, si dicen que ahorran muy poquito para qué la ponen, es solo un perjuicio para los que tienen menor poder adquisitivo".

"Es una cadena, ya se ha visto en países como Grecia, si dejan de tomarlos empeoran y se llenan las urgencias, hay más ingresos o gente en casa en malas condiciones, al final acabará costando más dinero al sistema", reclama Mainar. "Estamos regresando un montón de años atrás en Sanidad", concluye.

"Cada día nos recortan más"

Desde la sede aragonesa del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Aragón) reconocen que este es un tema fundamental que va a afectar "de manera muy importante" a discapacitados crónicos que necesitan tratamientos diarios.

Pero sus problemas no se reducen a esta nueva medida, José Antonio Bes, secretario general de CERMI Aragón, recuerda que el verano pasado pasaron a la lista de medicamentos excluidos del sistema público de seguridad social algunos tan fundamentales para personas discapacitadas como laxantes, lágrimas artificiales o espectorantes. "Son imprescindibles para personas con discapacidades que tienen que asumirlos en su totalidad porque aunque los hayan quitado del sistema los tienen que seguir tomando".

En esta crítica coincide Marta Valencia, presidenta de la Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón, COCEMFE Aragón. "Ya estábamos preocupados pero cuando vemos que el copago llega a los hospitales se nos ponen los pelos de punta, están atentando contra la sanidad pública universal", asegura.

"A las personas con una pensión baja o reducida les va a afectar gravemente porque cada día nos están recortando más y eso al final perjudica la calidad de vida", añade Bes. "El entorno familiar tendrá que aportar dinero adicional porque no pueden dejar de tomarlos", concluye. "Dicen que es muy poco pero es abrir la puerta a recortes cada vez mayores", matiza Valencia.

Desde la plataforma nacional de CERMI ya han anunciado que recurrirán administrativamente la decisión del Ministerio de Sanidad. Mientras que en la Asociación Española contra el Cáncer prefieren ser cautos antes de emitir ninguna opinión y reconocen estar estudiando a fondo todas las medidas ya que les preocupa mucho pero hay que analizar bien todo.

Aragón se retrasa y busca compensaciones

Aragón anunció esta semana que no podrá aplicar el copago hospitalario el 1 de octubre como prevé la normativa estatal porque hacen falta "unos mecanismos administrativos para poder cobrarlos" que no se arbitran "de un día para otro", según explicó el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván.

Además, Oliván precisó que se van a analizar "uno por uno" los medicamentos incluidos en la lista para conocer "cuál sería la repercusión en la aportación del usuario porque, normalmente, son muy caros", y aunque "en muchos casos, puede ser una cantidad simbólica", "en otros no" y "es ahí donde queremos incidir". El consejero aseguró que se va a tener en cuenta la renta del paciente para que la aportación que haga "sea la mínima posible o incluso en algunos casos ninguna", diferencia que "asumiría" la Comunidad autónoma, de forma que, "la aplicación de la norma perjudique lo menos posible a los ciudadanos".

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