La nonata Agencia Anticorrupción
Cuando en Baleares se anuncia el cierre de su Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, por decisión del gobierno insular de PP y Vox, quizás pocos saben que en Aragón nos encontramos con que esa figura, que existe y en funcionamiento en comunidades como Cataluña, Navarra, Andalucía o Valencia, fue creada por ley en 2017, aunque nunca ha llegado a ponerse en marcha.
La ley aragonesa 5/2017, de 1 de junio, creaba sobre el papel en nuestra Comunidad la denominada ‘Agencia de Integridad y Ética Públicas', un ente con dependencia directa de las Cortes de Aragón, entre cuyas funciones (hasta un total de trece, tan dispares como promover los valores democráticos o implantar el registro de ‘lobbies’, se especifican en su artículo 9) se encuentra, y uso el presente pues la ley sigue vigente, expresamente: actuar contra el fraude, la corrupción, el clientelismo y cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno.
La Agencia, a la que se le daba autonomía organizativa plena, debía contar con un director, elegido por las tres quintas partes de la Cámara, con un mandato de cinco años, apoyado en tres subdirectores con competencias específicas en evaluación, investigación y régimen interior, también elegidos por las Cortes, aunque en este caso por mayoría absoluta.
Nacida en la eclosión de la denominada ‘nueva política’ de las entonces emergentes formaciones de Podemos y Ciudadanos, que venían a depurar el régimen bipartidista marcado por episodios de corrupción de uno y otro ámbito, la Agencia aragonesa nunca ha llegado a ver la luz, pese a que en muchas ocasiones tanto la presidenta Barba como su sucesor, el presidente Sada, manifestaran que se estaba trabajando en su puesta en funcionamiento, lo que únicamente estaba en manos de las propias Cortes de Aragón.
Con el anterior presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, en más de una ocasión comenté que quizás lo ideal, y lo lógico en aplicación del principio de economía de medios y para evitar nuevos entes que solaparan sus funciones, sería que las competencias que la ley del 2017 daba a la Agencia nonata fueran asumidas por la propia Cámara, en el ámbito financiero-contable, y por el Justiciazgo en el del control de la pura gestión y buen gobierno, pues ambas instituciones sin duda son capaces y cuentan con los medios para ello. Pero de acogerse esta posición se requerirá una actuación legislativa que está en manos del parlamento aragonés, cuyos grupos serán quienes en todo caso deban acabar con esta singular situación respecto a un ente que una ley creó, pero que nunca ha existido materialmente.
Javier Hernández García, jurista, ha sido lugarteniente del Justicia de Aragón
