Y lo peor es la cara que se te queda. Un día te dicen que la estabilidad del país pasa por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y al día siguiente se te cuenta que no, que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convoca elecciones autonómicas y que no queda más remedio que dejarlo todo para 2025.

Que no pasa nada, que incluso es bueno para el déficit. En estas, solo te queda asumirlo sin chistar o, de lo contrario, pasar al bloque de los que quieren acabar con la convivencia en España.

Lo normal sería que un Gobierno que se constituyó en diciembre echara a andar con un modelo de país, sostenido en unos apoyos estables, para trazar una legislatura a cuatro años vista que mejore la vida de la gente. Y si eso no se puede, y está claro que no se puede, pues a las urnas, que aunque son especialistas en desenlaces endiablados, siempre son soberanas. Así solía ser, aunque hoy no lo sea.

El Gobierno de Aragón ha puesto el grito en el cielo, por eso de que la prórroga presupuestaria les recorta 1.000 millones de euros en transferencias y compensaciones, amén de las inversiones que estuvieran por venir. A eso se suman las ayudas al funcionamiento de Teruel, que de pequeñas que son los empresarios ni se dan cuenta del descuento. Ahora el Ejecutivo central, siempre con el permiso del independentismo irredento, deberá resolver por la vía del real decreto si a Aragón le tocan 100 o 150.

Y en el toma y daca plurinacional, siempre nos quedan cosas pendientes, como las obras del recrecimiento de Yesa, que llevan más de un año paradas por la desidia ministerial y van camino de las bodas de plata para desesperación de regantes y contribuyentes. O el tramo de la A-23 entre Lanave y Sabiñánigo, al que le quedan todavía cinco años, o el desdoblamiento de la N-232, que se demora hasta 2025. La nueva Jefatura de la Policía Nacional en Zaragoza, ya se verá. Pues eso, lo normal.

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