El Gobierno aragonés ha cerrado en los últimos nueve años 51 residencias de personas mayores, principalmente por deficiencias en las instalaciones. La clausura de estos centros ha supuesto la supresión de alrededor de 1.100 plazas, aunque durante el mismo periodo también se han ido abriendo otros establecimientos. Lo importante es mantener el rigor en las inspecciones para garantizar la máxima calidad, tanto para los usuarios como para sus familias, de este servicio imprescindible. Mejorar la habitabilidad no es solo un requisito social y político, es una exigencia humana.

Las inspecciones de las residencias de ancianos en Aragón se intensificaron tras el incendio del geriátrico de Santa Fe de Cuarte de Huerva, ocurrido en julio de 2015, en el que murieron nueve personas. Esta tragedia marcó un punto de inflexión. En 2016 se inició un plan de regularización para que se adaptaran a la normativa en materia de incendios y medidas de seguridad con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para los usuarios. Esta es la prioridad, lo que exige que la Administración sea muy rigurosa en su control para que no se produzcan anomalías graves.

La población prefiere envejecer en su casa, pero no siempre puede ser así. El aumento de la esperanza de vida y los cambios en la estructura de las familias conducen a que, incluso ampliando los servicios de atención domiciliaria, se necesitarán en el futuro muchas más plazas de residencia. Por eso resulta acertado que la Consejería aragonesa de Bienestar Social esté potenciando planes que contengan una valoración integral de la persona y una planificación de la atención que va a recibir de acuerdo a su proyecto de vida. Los centros asistenciales deben estar en un permanente proceso de cambio para adaptarse a las necesidades de los mayores.