Es una práctica asumida, pero no por ello deja de estar asentada en la anormalidad. El adelanto electoral es sinónimo de fracaso o, directamente, la expresión preventiva de un miedo a la pérdida de una posición política. 

En democracia se ha venido utilizando reiteradamente, arranca en los primeros años de la Transición con UCD y continúa con el PSOE. En Aragón, pese a las múltiples tentaciones, nunca se han adelantado unas elecciones, una evidencia que ha permitido que se interiorice que agotar una legislatura es sinónimo de estabilidad dentro y fuera de las instituciones.

Cataluña, al contrario de lo ocurrido en Aragón, ha adelantado sus comicios hasta en seis ocasiones. El último cambio electoral, comunicado esta misma semana por el presidente Pere Aragonès, y provocado por la imposibilidad de sacar adelante sus presupuestos tras el rechazo de los ‘comunes’, ha vuelto a trastocar el devenir nacional. Si por culpa de la ley de amnistía la actividad política se encontraba condicionada y sometida a las exigencias del independentismo, la próxima cita electoral del mes de mayo en Cataluña (con un resultado con seguros efectos sobre el Gobierno de Pedro Sánchez) ha quebrado toda posibilidad de negociación de los presupuestos generales del Estado, colocando a las autonomías en una situación complicada. Contradictoriamente, y sin que se haya mostrado mayor inconveniente, desde el Ejecutivo central se ha optado por ignorar el problema que implica para las autonomías pasar un año en blanco, y ya se ha comenzado a hablar de los números de 2025, los primeros en los que habrá que incluir las nuevas reglas fiscales de la UE.

La prórroga de las cuentas de 2023, que en el caso de Aragón implica un agujero cifrado por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, de unos 1.000 millones, supone un nuevo varapalo a la infradotada financiación autonómica. Un parón en el que no solo quedan en el aire importantes transferencias de capital, sino que obliga a la Comunidad a plantearse sus cuentas y sus servicios en la antesala del ejercicio 2025, año en el que las previsiones están anticipando un recorte del crecimiento.

La reacción ante esta evidencia, que en las próximas semanas habrá de convivir con un atribulado calendario electoral (País Vasco, Cataluña y europeas), es el triste reconocimiento de que la política se encuentra al servicio de quien gobierna, ignorándose las muchas consecuencias que implican la adopción de ciertas decisiones.

Los muchos intereses que se entrecruzan en la política nacional reflejan que acortar una legislatura autonómica, lejos de contribuir a generar una sensación de estabilidad y confianza, solo aporta un contagio de la incertidumbre al resto de comunidades. Sin unos nuevos presupuestos del Estado y con el Gobierno centrado en Cataluña es muy difícil que se transmita el clima de confianza y dinamismo que necesita la economía. 

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