Impunidad a cambio de poder
La controvertida ley de amnistía, la mayor cesión de Pedro Sánchez a los partidos independentistas a cambio de su apoyo parlamentario, ha salido adelante en el Congreso de los diputados y ahora pasa al Senado.
El Gobierno y las formaciones que le respaldan han defendido en el hemiciclo que la aprobación de la norma, que solo beneficia a quienes delinquieron en Cataluña en 2017, supone el cierre del "conflicto". Pero tanto Junts como ERC no dan nada por cerrado y han anunciado su próxima batalla: el referéndum. No hay, pues, ninguna reconciliación ni ningún final.
La ley de amnistía, redactada al dictado desde el extranjero por un fugado de la Justicia (Carles Puigdemont), ha obtenido luz verde en el Congreso. Ha tenido el apoyo de los votos del PSOE, Sumar y sus aliados independentistas y nacionalistas, proporcionando así un momentáneo respiro al Gobierno en un incierto escenario en el que se le acumulan las contrariedades: nuevas revelaciones sobre la corrupción en el caso Koldo, adelanto de las elecciones en Cataluña y renuncia forzada a contar con unos Presupuestos del Estado para este año.
Pedro Sánchez mantiene por ahora el respaldo de su bloque, pero al carísimo precio de amnistiar a la carta a los políticos secesionistas que dieron el más severo golpe a la convivencia en Cataluña. La ley de amnistía va en contra de una Constitución que prohíbe los indultos generales. Además, erosiona los principios del Estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y, por último, está muy lejos de proporcionar ningún tipo de reconciliación, como ha proclamado pomposamente el Ejecutivo. Lo que sí ha logrado es revivir el ‘procés’. Los soberanistas catalanes, y también los vascos, ya han puesto sobre la mesa sus nuevas exigencias para seguir chantajeando al presidente del Gobierno.
