Cataluña celebrará elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo, nueve meses antes de lo previsto. El presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, ha anunciado la disolución del Parlament tras ver truncada la aprobación del proyecto autonómico de Presupuestos. 

El adelanto electoral pone en jaque la legislatura de Pedro Sánchez, quien, en plena polémica por el caso Koldo y por la ley de amnistía, ve cómo se le complica la gobernabilidad y de momento ya ha decidido prorrogar este año los Presupuestos del Estado.

Pere Aragonès ha aceptado sus debilidades: gobierna con 33 diputados sobre 135 y sin Presupuestos autonómicos no tendría margen de maniobra en el año electoral y tendría que sufrir el desgaste de votar las modificaciones de crédito para atender emergencias como la de la sequía. En consecuencia, ha hecho sus cálculos y se ha arriesgado porque considera que la coyuntura no le es desfavorable. Primero, coge con el pie cambiado a Junts, que aún no ha resuelto el tema del candidato, aunque desde el partido apuntan que podría ser Puigdemont. Segundo, aunque las encuestas dan a los socialistas de Illa como eventuales ganadores, ERC le sigue muy de cerca y el PSC tendrá que sortear el previsible desgaste por los presuntos casos de corrupción en el PSOE. Y tercero, los Comunes tendrán que enfrentarse a asumir la responsabilidad de su decisión de haber rechazado las cuentas regionales.

El principal ‘daño colateral’ del adelanto electoral es Pedro Sánchez. De entrada, ha tenido que renunciar a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, ante el serio riesgo de que fuera imposible su aprobación, lo que implicará la prórroga de las cuentas de 2023. Este inesperado desaguisado se une a la tramitación de la ley de amnistía, que hoy se aprobará en el Congreso de los Diputados, y las consecuencias del caso Koldo. La legislatura de Sánchez se tambalea.