¿Se desgaja el río Segre?

Según la prensa de la semana pasada, la Generalitat de Cataluña pedirá formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) la gestión del río Segre. 

Ante la falta de argumentos objetivos se alude a que es una "reivindicación histórica" (cuando es la primera vez que se va a solicitar formalmente). Es así calificada para que cuaje en el actual panorama reivindicativo muy en boga en Cataluña y resumido en la frase de los partidos independentistas "a lo que antes decían no, ahora lo aceptan".

Partamos de la realidad hidrológica y legal. En primer lugar, el río Segre es un río internacional cuya parte española pertenece a la Demarcación Hidrográfica de la cuenca intercomunitaria (integrada por nueve comunidades autónomas) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Su nacimiento se localiza en Francia y desemboca en el Ebro en Aragón. Además de las aguas que provienen de Francia, sus afluentes recogen aguas de Andorra (Valira) y de territorios aragoneses (Cinca y Noguera Ribagorzana). Existe, además, un convenio internacional con Francia referente al lago Lanós, y por cuantificar las aportaciones del Segre en la desembocadura, se reparten prácticamente a partes iguales entre las procedentes de Aragón y de Cataluña. Las cifras resultantes de aforos de 1980 a 2018 así lo demuestran: los aforos en Tortosa más los riegos del Delta provienen de los 6.284 hectómetros cúbicos al año que entran en el embalse de Mequinenza por el Ebro, y de los 3.873 que entran en el embalse de Ribarroja por el Segre, de los que aproximadamente la mitad, 1.884 hectómetros cúbicos, provienen del afluente Cinca (cuenca aragonesa), y 1.989 del propio Segre (de Francia, Andorra y cuencas catalanas y aragonesas). Ante esta descripción hidrológica, ¿no es mejor la cooperación dentro de la actual CHE que tener múltiples centros de decisión según la procedencia de las aguas?, ¿quién los coordinaría fundamentalmente en eventos extremos como sequías e inundaciones?

En segundo lugar, la petición quiebra el principio de la gestión unitaria por cuencas hidrográficas que figura tanto en la Directiva Marco del Agua como en la propia legislación de aguas española. El Gobierno de la Generalitat haría bien en estudiar los traspasos en materia de aguas a las autonomías de Andalucía y Castilla y León de las cuencas del Guadalquivir y Duero, rechazados por el Tribunal Constitucional en 2011, deshaciendo lo traspasado. Para disimular esa tropelía hidrológica, el gobierno modificó la Ley de Aguas permitiendo a las autonomías la competencia en materia de policía del dominio público hidráulico, de figurar en sus estatutos de autonomía (Cataluña lo hizo). Así, las competencias de las confederaciones se empezaron a erosionar en un claro abuso de la legislación mediante fraudulenta ingeniería jurídica, incluso en temas de calidad de aguas mediante el Real Decreto 638/2016 que modifica al Real Decreto 817/2015. Por eso, por un principio de prudencia administrativa sería conveniente, para evitar procesos de ida y vuelta, contrastar si la cesión de la explotación del Canal Segarra Garrigues a la Generalitat el próximo mes de marzo por parte de Acuaes, sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España del Miterd, actual gestora, es acorde con la Ley de Aguas: ¿se cederá como materia de policía de aguas?

La pretendida petición de la gestión del río Segre viene precedida por la crítica de la anterior consejera de Acción Climática de la Generalitat sobre la mala gestión de la CHE en el río Segre respecto a la sequía. Suena a excusa para solicitarla. Pero sería conveniente que la propia Generalitat calificase su propia gestión de la sequía en las cuencas internas de Cataluña, que es donde tiene total responsabilidad, y admitiese su improvisación y negligencia a la hora de desarrollar las infraestructuras que figuraban desde hace años en sus planes después de la última sequía y que no construyó por lo que, actualmente y por desidia, dichas cuencas están en una situación mucho peor que la cuenca del Segre. ¿Se han dado explicaciones de los bochornosos sucesos de la sequía de 2008 al iniciar los trabajos del trasvase del Segre a Barcelona de una manera clandestina e ilegal sin conocimiento de la CHE? ¿Actuó la traspasada policía de aguas?

Hay que recordar que la cooperación entre administraciones es un precepto constitucional, que debe respetar la legislación vigente y que tiene en la CHE la casa común de todos los usuarios de la cuenca del Ebro y donde deberían debatirse las peticiones que afectaran a todos, tanto usuarios como autonomías.

Cuando se intentan quebrar los límites hidrográficos para imponer los administrativos la confrontación siempre sustituye a la cooperación. ¿Es que la Generalitat no está representada en el Comité de Autoridades Competentes de la CHE? Y los usuarios del agua a los que habría que dar más voz y voto, ¿no están representados en las Juntas de Explotación, Comisión de Desembalses y Asamblea General? Si no hay lealtad institucional, información y transparencia, ¿quién velará por la legalidad hidráulica pura y simple, sin retorcimientos…

Carlos Chica Moreu es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos