El problema no requiere un análisis complejo: las cuentas, sencillamente, no cuadran. El sector primario se ahoga. Y lo hace asfixiado por unos estrechos márgenes, en demasiadas ocasiones desaparecidos por una venta a pérdidas, y por una complicada y enmarañada burocracia que dificulta la recepción de unas ayudas que ignoran la condición de los agricultores como habitantes del medio rural. Preocupa la despoblación pero, paradójicamente, se ignora a los pobladores.

Legislando desde los despachos, despreciando los ritmos y la realidad de un sector que, por no decidir, no lo hace ni sobre los cultivos, el campo se ha convertido en víctima de un modelo hiperregulado y ajeno a su día a día. La tremenda carga normativa que debe soportar, una cuestión de la que tampoco se escapan otros muchos ámbitos empresariales, ha despertado un rechazo fruto de la evidencia de un cumplimiento imposible.

El malestar es tan grave como su resumen (expresado estos días en las largas filas de tractores ocupando la calzada) y engancha directa y peligrosamente con la credibilidad de la Unión Europea y con su papel como garante de la condición estratégica y soberana que posee la agricultura. Bruselas, que demuestra una sorprendente falta de atención ante el permanente riesgo que implica una interrupción en la cadena de suministro o ante la tolerada llegada de productos que esquivan los estándares que se exigen a los locales, no está sabiendo proteger a un sector afectado por una progresiva pérdida de sus niveles de renta.

La respuesta, aparte de la decisión tomada (a cuatro meses vista de las elecciones europeas) por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de retirar el proyecto de ley que buscaba reducir a la mitad el uso de los pesticidas, exige una profunda reflexión sobre unos trabajadores (mayoritariamente autónomos afiliados a la Seguridad Social agraria) a los que se les pide que asuman un pacto entre producción y sostenibilidad mientras se les reclama que alimenten a millones de bocas. El futuro, donde no parece que se esté dejando espacio a las explotaciones familiares, advierte de la llegada de mayores complicaciones (aumento de costes, incertidumbre climática, etc.) contra las que va a resultar imposible pelear si no existe una vigilancia sobre toda la cadena de producción.

Bajo estas protestas también se esconde otra preocupación, otro riesgo que hace mención a la pérdida de liderazgo de las organizaciones agrarias. No es un fenómeno reciente ni afecta en exclusiva al campo, aunque alerta de una quiebra de los canales de representación. Con la excusa del hartazgo, los agricultores se han movilizado por su cuenta, pillando con el pie cambiado a los sindicatos agrarios y permitiendo la aparición de plataformas (en Aragón recibidas por el consejero de Agricultura, Ángel Samper, y reconocidas como una oportunidad donde puede acomodarse el extremismo) que se expresan justificadas en el descontrol.

Sería abiertamente injusto resumir todas estas manifestaciones que recorren Europa bajo un determinado signo ideológico –la realidad política atiende a una naturaleza muy diversa–, pero sí que conviene tener claro que no es lo mismo una protesta encabezada por una pancarta con las siglas de los sindicatos agrarios que una barricada en mitad de una carretera con un grupo de personas enfundadas en sus chalecos amarillos. Una diferencia que conocen a la perfección nuestros vecinos franceses.

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