Protestas agrícolas y derechos ciudadanos
Columnas de tractores han seguido recorriendo vías en toda España y bloqueando nudos de comunicación. Mientras cientos de agricultores llegaban al centro de Barcelona, en Aragón, la fábrica de automóviles de Stellantis y otras empresas se han visto obligadas a paralizar la producción por problemas para acceder a sus instalaciones.
Los trabajadores del campo tienen plenamente garantizado el derecho de reunión y manifestación, pero su ejercicio no puede afectar a otros derechos individuales como la libertad de movimiento, dificultar la normal prestación de los servicios públicos o impedir el normal desarrollo de la actividad cotidiana de la ciudadanía.
La planta de Stellantis en Figueruelas se ha visto obligada a paralizar producción durante varias horas como consecuencia del bloqueo de las carreteras de acceso a la planta por parte de los agricultores y ganaderos que protestan contra sus condiciones de trabajo. Las concentraciones, no anunciadas y convocadas a través de internet al margen de las organizaciones tradicionales, también han afectado a empresas ubicadas en otras zonas de Aragón. En Saica, Itesal y otras grandes fábricas no han parado la producción, pero sí ha habido problemas para que los trabajadores y los camiones accediesen a las instalaciones. Las protestas del sector primario están cargadas de razón porque a la mayoría de los agricultores, ganaderos y pescadores no les salen las cuentas y ven como, año a año, las deudas se incrementan mientras se les multiplica la burocracia. Pero ni deben politizarse ni pueden dañar a otros sectores económicos.
Después de que la Comisión Europea haya retirado el proyecto de ley que había presentado al Europarlamento para reducir a la mitad en los próximos años el uso de pesticidas, urge que los gobernantes se sienten a negociar con el sector agrario las mejores políticas para lograr una agricultura sostenible, tanto ecológica como económicamente.
