El debate educativo como consecuencia de los resultados de PISA sigue abierto en nuestro país. Hemos conocido que, en los próximos presupuestos, si es que los hay, se incluirá un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora. No conocemos todavía los detalles, pero parece que se apuesta por las tutorías individualizadas y el refuerzo educativo. 

Ante esta propuesta parecería que debería existir unanimidad de los diferentes partidos, pero la sorpresa ha sido un debate claramente contaminado. En vez de centrarnos en discutir sobre la propuesta por quedarse corta en la inversión, ya que con los 500 millones apenas llegaría para dar cobertura a un 10% del alumnado, el debate se ha centrado en la forma y modo de anunciarlo. Por un lado, anunciarlo en un mitin del PSOE en vez de tras un Consejo de Ministros o en el Ministerio de Educación y no consensuarlo con las comunidades autónomas que van a tener que aplicarlo. Parece evidente que se cometió un error en la manera de anunciarlo, pues no ha ayudado a aunar los consensos transversales que las medidas educativas necesitan. Sobre todo, en un momento en que la mayoría de las comunidades están en manos del partido de la oposición.

La respuesta del PP fue, también de ámbito educativo, que en las 11 comunidades autónomas en las que gobierna modificarán las pruebas de la Evau para realizar un examen común en todas ellas. Ahora el PP cometió dos errores. Por un lado, demostró un claro desconocimiento del artículo 150.2 de la Constitución y por otro la creación de un ‘bloque educativo de las comunidades populares’ opuesto al ‘bloque educativo de las comunidades socialistas y nacionalistas’.

Hemos de recordar que, en 1992, mediante la correspondiente ley orgánica, se transfirió a las regiones que accedieron a la autonomía por la llamada vía lenta, la competencia de la enseñanza "en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades". Por otro lado, no existen informes concluyentes, que demuestren la existencia de grandes diferencias entre comunidades en la forma de evaluar la Selectividad. Donde sí se observan, en cambio, diferencias importantes es en la parte de la nota que depende de los centros.

Esta estrategia, contradicción entre los intereses regionales y nacionales, no es nueva. Convierte a los presidentes autonómicos en arietes contra el inquilino temporal de la Moncloa. Tristemente no es gratis pues los asuntos que más interesan a los ciudadanos, y para eso nacieron las administraciones territoriales más cercanas a los problemas de la gente, quedan sumergidos bajo las aguas de las grandes polémicas nacionales.

Hay ámbitos en los que el pacto entre los dos grandes partidos españoles es una opción. Pero hay otros, aquellos en los que las competencias están distribuidas, en los que el pacto es imprescindible.

El problema de fondo, en ambos casos sigue siendo el mismo: si no dialogan las administraciones en el marco de sus respectivas competencias, resulta imposible cerrar acuerdos. Y la pregunta que cada vez más nos hacemos los ciudadanos es ¿qué imposibilita este diálogo? Desgraciadamente tengo una posible respuesta y es que las estrategias de las regiones se han supeditado a las de los jefes de sus partidos, lo cual, a su vez, pervierte todavía más las relaciones entre los grandes partidos, también en las comunidades.

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