La patronal turolense y la Cámara de Comercio han manifestado su decepción por la supresión, desde el pasado 1 de enero, de la tarifa plana de 80 euros al mes durante tres años para los trabajadores autónomos. A esta crítica se suma la reivindicación de que la bonificación de costes laborales que entró en vigor en 2023 pase de suponer un testimonial 0,5% de la suma de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social para alcanzar el 20%, el tope autorizado por la Unión Europea. Esta ayuda permitiría un ahorro para las empresas de 303 millones, en vez de los 8,2 actuales, y propiciaría la creación de 3.681 empleos. Aunque el PSOE se compromete a recuperar la rebaja de la cotización de los autónomos en los presupuestos de 2024, no puede precisar ni siquiera si se aprobarán ante las discrepancias entre Junts y el resto de socios de investidura. Fortalecer el tejido productivo creando nuevas oportunidades para autónomos y empresas es uno de los pilares para frenar la despoblación.

CEOE Teruel sostiene que, con las cuantías actuales de bonificación, el impacto en la generación de empleo y, por consiguiente, en la lucha contra la despoblación es nulo. Además, la desaparición de la tarifa plana llega en un contexto económico provincial de carencia de mano de obra (hacen falta 4.000 trabajadores, según cálculos de la patronal), interrupción del relevo generacional en los negocios y costes añadidos por las malas comunicaciones y la lejanía de mercados y proveedores. Con esta ralentización del mercado laboral se merma no solo la capacidad de crecimiento y dinamismo económico, sino también las condiciones para retener o atraer población y para sostener unos servicios públicos de calidad. El debate en torno a la despoblación de la España interior ha desaparecido de la agenda política nacional, pero el problema sigue ahí.