Refuerzo en consenso
Las dudas que despierta el sistema educativo español (resulta exagerado hablar de fracaso) se comprenden cuando se repasan las ocho leyes que desde 1980 han servido de marco regulador. Incapaces de alcanzar un mínimo consenso que conceda estabilidad y sentido a uno de los pilares del Estado de bienestar, las distintas normas se han venido superponiendo para abonar la preocupación sobre el nivel y preparación de los estudiantes.
La tolerancia con esta persistente falta de acuerdo político, de la que tampoco se han librado las cuestiones curriculares, ha permitido que todas y cada una de las aproximaciones desplegadas para enmendar el rumbo de la educación también tropiecen con una variable ideológica. Asentados en un sistema matizado por las competencias cedidas a las comunidades autónomas (nada de estrambótico tiene una aproximación curricular a los territorios), se ha perdido la atención sobre los principios y valores que conforman cualquier modelo educativo y que no son otros que el esfuerzo, la dedicación y el convencimiento de la alta rentabilidad social (retorno) que posee toda inversión en formación.
Carentes de un camino claro y, especialmente, sin que los diferentes gobiernos hayan sabido cómo cederse mutuamente el testigo, los malos resultados del último informe del programa internacional de evaluación de alumnos (PISA, por su siglas en inglés), que inicialmente fueron minorados por el Ejecutivo, han activado un plan de choque que pretende revertir o, al menos, mejorar los datos estadísticos. La ministra de Educación, Pilar Alegría, asume una encomienda para la que Pedro Sánchez destinará 500 millones de euros en la legislatura y que busca mejorar la comprensión lectora y las destrezas matemáticas. La creencia de que el dinero por sí solo mejorará los resultados puede parecer verosímil en una convención política, pero el problema posee tal dimensión que difícilmente se subsanará sin un gran pacto de Estado que revise los fundamentos del modelo educativo.
El presupuesto anunciado puede resultar importante, aunque será insuficiente al dar solo respuesta a los problemas de una generación de niños y jóvenes. Reducir el número de alumnos por aula, al igual que ayudar con clases de refuerzo a los estudiantes que lo necesiten o formar a los profesores para que mejoren sus conocimientos en matemáticas (habría que interrogarse por esta carencia metodológica en los docentes) solo garantizan una intervención puntual, alejada de una reforma estructural.
Sin el imprescindible entendimiento político entre PSOE y PP (también en cuestiones como la Evau), donde los partidos concedan entrada a los técnicos para blindar y dar continuidad al modelo educativo, será muy difícil que mejore la formación de los estudiantes. Recuperar el prestigio social de los profesores o insistir en la naturaleza estratégica de la educación son pasos que, necesariamente, deberían permitir una mejora de los datos del informe PISA.
La educación contiene una naturaleza transformadora a la que no se debe renunciar y cuyo objetivo final debe ser la elevación de los niveles de progreso y crecimiento de un país. Se educa para mejorar la convivencia, para ser intelectualmente más libres y críticos y para garantizar la existencia de una sociedad madura que se demuestre capaz de descubrir por sí misma sus retos y oportunidades.
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