Las enmiendas a la proposición de Ley de Amnistía pactadas ayer por el PSOE y Junts demuestran que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer casi cualquier concesión con tal de mantener el apoyo de los independentistas de cuyos votos depende la continuidad de su Gobierno. 

Permitir que se beneficien de la amnistía incluso personas encausadas, o hasta condenadas, por delitos de terrorismo supone una auténtica aberración moral y jurídica. Y servirá para garantizar que en cualquier caso Puigdemont pueda regresar impune a España e incorporarse sin dilación a la actividad política.

Aunque los socialistas, en teoría, habían trazado una línea roja que impediría que los implicados en acciones terroristas relacionadas con el ‘procés’ se beneficiasen de la amnistía, una vez más la presión de sus exigentes socios independentistas les ha llevado a ceder y rebasar los límites. Una de las enmiendas pactadas ayer con Junts extenderá la impunidad a quienes hubieran llevado a cabo, instigado o planeado las acciones de terrorismo callejero de movimientos como los CDR o Tsunami Democrático, con el único límite de aquellos actos que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Además, la segunda enmienda supondrá una aplicación más rápida de los efectos de la ley. De esta forma se elimina cualquier resquicio que pudiera impedir o retrasar el completo descargo de las acusaciones que pesan sobre Carles Puigdemont y la retirada de las órdenes de detención contra él. La voluntad de mantenerse en el poder a toda costa lleva así a Sánchez a profundizar en el error político, jurídico y moral que supone la amnistía. Pero a cada decisión importante que plantee al Congreso volverá a tropezarse con el chantaje de Junts y de ERC, que continuarán exigiéndole cada vez más. Una dinámica que deteriora las instituciones y no asegura la estabilidad del Gobierno.

Móviles apagados

El Instituto Reyes Católicos de Ejea fue pionero, a comienzo de curso, con la prohibición de usar el teléfono móvil en el centro. Ahora la Consejería de Educación extiende las limitaciones sobre el móvil a todos los colegios e institutos públicos o concertados. La medida refleja la creciente preocupación por los efectos que el abuso de las pantallas causa en los jóvenes. Habrá que ver cuál es la eficacia práctica de esta decisión.

La amenaza del trasvase

Aunque sin dejar de hacerse mutuos reproches, los dos principales partidos aragoneses, el PP, con declaraciones de Mar Vaquero, y el PSOE, con las de Mayte Pérez, expresaron ayer su rechazo a cualquier trasvase de aguas del Ebro. Una posición indispensable para la defensa de los intereses de la Comunidad. Por su parte, la ministra Ribera, en el Congreso, no hizo referencia a hipotéticos trasvases, pero tampoco rechazó esa posibilidad.