Sin posición negociadora
La renovada amenaza sobre la gestión del agua del Ebro que plantea Cataluña no es más que otra evidencia de la pérdida de posición de Aragón en la agitada e insólita relación de fuerzas políticas de la presente legislatura.
No por errores o voluntad propia, la Comunidad se está viendo desplazada, como otras tantas autonomías, por culpa de la atención prioritaria que el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) presta a sus socios de referencia, quienes arropados por la oportunidad han emprendido una carrera peticionaria.
Si la posición negociadora de Aragón ante el Gobierno central era ya de por sí difícil, permanentemente condicionada por un desajuste (producto de la falta de peso poblacional) o por la ausencia de una política nacional cuidadosa con la solidaridad y la distribución interterritorial, no resulta complicado anticipar lo que puede ocurrir con asuntos tan estratégicos como la financiación autonómica, el pago de la deuda o la finalización de las muchas infraestructuras pendientes. La balanza se muestra descompensada. Ignorando el peligro del agravio, se ha entrado en una etapa donde la Moncloa se conduce confirmando diariamente su dependencia. Si a lo largo de estos años de democracia las tensiones provocadas por los nacionalismos habían forzado el mapa de España a golpe de tirones, la actual debilidad parlamentaria del PSOE se ha convertido en el alimento necesario para que engorden las reivindicaciones de Junts, Esquerra, Bildu o PNV. La tensión entre la España interior y la España periférica, una batalla ganada por los segundos, ha sufrido un nuevo giro de tuerca que se traduce en cuestiones como la petición desde Cataluña de unos caudales hídricos que Aragón también necesita. La ya de por sí complicada defensa de los intereses de Aragón ante el conjunto de España se ve lastrada por una aritmética parlamentaria que advierte de la presencia de todo tipo de reclamaciones y que por rocambolescas que resulten –tales como sancionar a las empresas que salieron durante el ‘procés’ y no opten por regresar a Cataluña– entran en el terreno de lo políticamente factible.
Desde el Ejecutivo central, igualmente, se ha alterado el orden negociador. Primero se cierra el pacto con Junts o Esquerra (da igual que sea la Ley de amnistía o un nuevo modelo de financiación) y, después, se busca el mecanismo que compense al resto de las comunidades autónomas o la explicación que dé armazón al argumentario ‘ex novo’. Este nuevo relato político, con territorios tratados como de primera y de segunda, permite que, por ejemplo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, diga una cosa y su contraria. Advierte de que será "extremadamente cuidadosa" con el río Ebro, pero no descarta la aplicación de "medidas extraordinarias" ante la petición de agua de Cataluña. Sin miedo a la reacción aragonesa, la preocupación de la ministra, que se define por su perfil ecologista, se sostiene en mantener latente una posibilidad que, al menos, quede incorporada al debate abierto por la Generalitat.
El Gobierno, que con la aplicación de la excepcionalidad no dejaría de introducir la arbitrariedad, está hurtando el peso de los organismos compartidos, aquellos en los que en términos de igualdad, como puede ser la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o una conferencia sectorial, permiten la toma de una decisión pactada.
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