Ataque a la independencia judicial
La presidenta tercera del Gobierno ha hecho un señalamiento público de uno de los jueces que investigan las derivadas del ‘procés’. En una entrevista en TVE, Teresa Ribera ha dicho que el magistrado García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", en referencia a los autos del magistrado en el caso Tsunami Democràtic, en el que investiga por terrorismo a Carles Puigdemont (Junts) y a Marta Rovira (ERC).
La actitud de la ministra es inaceptable en un Estado de derecho. Hay que rechazar de plano que un miembro del Gobierno acuse a un juez de prevaricar. Más aún cuando es este Ejecutivo el que ha asumido el discurso de los partidos independentistas acusando a los magistrados de ‘lawfare’ y de instrumentalización política de sus decisiones. La división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) forma parte inexcusable de la arquitectura del Estado liberal que permite asegurar a los ciudadanos su libertad política.
Las graves acusaciones de la también ministra de Transición Ecológica, que este fin de semana se incorpora a la cúpula del PSOE como vocal de la ejecutiva socialista, han sido matizadas posteriormente por fuentes del Gobierno que, sin citar a la propia Ribera, han mostrado su respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes, asegurando que el Ejecutivo siempre defenderá a los jueces ante cualquier injerencia, aunque solo se han referido entre esas injerencias a las supuestamente realizadas por el PP. El Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez viene dando muestra repetidamente de falta de respeto al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial. Ahora debe desautorizar a Teresa Ribera porque sus manifestaciones como ministra contribuyen al deterioro institucional e interfieren en una relevante investigación judicial en curso.
