Legislatura tras legislatura, Cataluña y País Vasco han luchado y logrado tener más atribuciones que el resto de comunidades españolas. Los gobiernos de turno necesitan los votos de los partidos políticos de ambas autonomías a cambio de concederles más competencias y más inversiones, haciendo crecer las desigualdades entre territorios. 

Uno de los grandes problemas de Europa hoy es la migración masiva, y ahora ambas comunidades quieren la delegación de competencias en este tema para poder decidir a su conveniencia. Si no aceptan los repartos que discrecionalmente realice el Gobierno de España entre todas las CC. AA., es lógico pensar que, como una comunidad no tiene la facultad de expulsar migrantes a otros países pues es potestad sólo del Estado, pretenderán expulsarlos a otras autonomías. 

En los seis meses que España ha presidido el Consejo de la UE el acuerdo más relevante fue en diciembre sobre la gestión de asilo e inmigración irregular firmando un plan básico de principios de solidaridad y responsabilidad compartida de todos los Estados para recibir el reparto correspondiente de migrantes, y en caso de rehusarlo, se fija el pago (o contribución económica) de 20.000 euros por cada migrante rechazado. Pero este acuerdo de solidaridad europea, abanderado por la presidencia española, nada tiene que ver con el plan de otorgar a Cataluña las competencias de ordenación e integración de migrantes en territorio nacional (y el País Vasco ya las reclama también). La incoherencia no importa cuando se trata de intereses políticos. 

El problema de llegada masiva de migrantes a Europa se trasladó ya hace tiempo a nuestras islas Canarias. Junts adelantó que quiere que su gobierno autonómico catalán tenga capacidad de decisión sobre el reparto de migrantes y para expulsar a indeseados, reincidentes y delincuentes; sus votos le son necesarios al Gobierno español para la aprobación de decretos, y el precio son estas competencias transferidas. El documento firmado entre ellos debería ser público, por la transparencia obligada en una democracia. Puesto que la llegada de migrantes a Canarias es continua, con los futuros repartos que haga el Gobierno, ¿conoceremos si se respeta el principio de solidaridad e igualdad entre comunidades?

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