Ahora que vamos a tener nueva Justicia de Aragón, no está de más recordar que entre sus obligaciones, tal y como establece el artículo 1 de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, se encuentra la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, y, por tanto, del derecho civil o foral de Aragón como se especifica en el artículo 30 de dicha ley. Que los aragoneses sepamos que tendremos a la Justicia de Aragón velando por nuestro derecho nos tranquiliza mucho, pues éste es tal vez nuestra gran seña de identidad y lo que más nos une como pueblo. No es, desde luego, una reliquia del pasado, sino un instrumento vivo que se utiliza diariamente en juzgados, notarías y registros, con figuras e instituciones tan arraigadas y conocidas como el testamento mancomunado, la fiducia sucesoria o la Junta de Parientes, entre otras muchas.

En Aragón siempre se ha defendido nuestro derecho foral propio y peculiar como si se tratara de una cuestión de Estado. Y foralistas y estudiosos del mismo han sido siempre nuestros más grandes juristas. Hay infinidad de ejemplos de cómo los aragoneses hemos luchado por la pervivencia del derecho foral, desde el Congreso de Jurisconsultos de 1880-1881 y los desvelos de Joaquín Gil Berges o Marceliano Isábal, hasta el Apéndice al Código Civil de 1925; desde el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, hasta la Compilación de 1967 y los trabajos de José Luis Lacruz, Jesús Delgado, José Luis Merino, Adolfo Calatayud o María del Carmen Bayod. Pero no sólo lo han hecho los juristas. También la clase política aragonesa se ha ocupado de él de modo preferente. Y hasta llegaron a defenderlo unos procuradores en Cortes en 1943. Veamos la historia.

Aquel año, las Cortes votaron una ley que unificaba la mayoría de edad de los españoles a los 21 años, en contra de la norma foral aragonesa que la establecía en los 20 (aunque hay que recordar que en el derecho aragonés clásico la doctrina consideraba que los aragoneses eran mayores de edad a partir de los 14 años, sin perjuicio de que hasta alcanzar los 20 tuvieran limitada la plena capacidad de obrar, llegándose a la situación actual en que los menores de edad pero mayores de 14 pueden realizar por sí toda clase de actos y contratos, sin más requisito que la asistencia de uno cualquiera de los padres). Pues bien, los procuradores en Cortes aragoneses (dieciséis, en aquel momento) presentaron una enmienda a aquella ley para tratar de que ésta impusiera la mayoría de edad para todos los españoles a los 20 años, siguiendo la tradición aragonesa, y no a los 21 como se pretendía. Al no prosperar dicha enmienda, todos los procuradores aragoneses anunciaron su intención de votar en contra de la ley.

Alguien consideró deber de cortesía avisar antes de la votación al Capitán General de Aragón -y también procurador-, José Monasterio, de cuál iba a ser el sentido del voto de los aragoneses y el porqué; y éste, en su condición de máxima autoridad militar de Aragón, decidió ponerse del lado de los procuradores aragoneses, de modo que cuando el presidente de las Cortes sometió la ley a votación, no fueron dieciséis los votos en contra sino diecisiete, expresándose así el malestar de los aragoneses porque no se hubiera respetado su derecho foral. Votar en contra de una ley de Franco, en 1943, fue un gesto valiente, pues no resultaría entonces nada fácil para aquellos diecisiete hombres mostrar su disgusto y su repulsa a una disposición que vulneraba su tradición jurídica.

Así pues, hasta los más conspicuos franquistas de 1943 se jugaron el tipo por defender nuestro derecho, prueba de su arraigo entre los aragoneses. Juan Moneva y Puyol, emocionado por el gesto del general Monasterio (que no era aragonés y podía perfectamente haberse puesto de perfil), le dedicó poco después su prólogo a la reedición del discurso de Roberto Casajús sobre el ‘Derecho de familia en la legislación aragonesa’, porque “viéndose Capitán General de Aragón, se creyó obligado a Aragón y votó por su Fuero”. Así se ha querido siempre en Aragón a nuestro derecho, y así, estoy seguro, lo seguirá queriendo nuestra próxima Justicia. Que así sea.

José Luis Melero es miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis