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  • Editorial

Pacto para renovar el CGPJ

MADRID, 22/12/2023.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) durante su encuentro este viernes en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/ Chema Moya
Pacto para renovar el CGPJ
EFE / Chema Moya

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han acordado negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años con el mandato caducado, con la supervisión de la Comisión Europea. 

También se abordará la posterior reforma de la ley en virtud de la cual se elige a sus vocales. A pesar de la crispación que domina la relación entre el PSOE y el PP, ambos líderes han sido capaces de ponerse se acuerdo en varios temas. Es un avance, aunque no deja de ser insólito que para cumplir un mandato constitucional haya que recurrir a la supervisión de la Comisión, que, por otra parte, ya tiene encomendada en los tratados de la UE la vigilancia de la separación de poderes en los países miembros. Este tímido acercamiento del presidente del Gobierno y el jefe de la oposición debe dar paso a una fase de mayor diálogo y más acuerdos, porque esto es lo que reclaman los ciudadanos.

No es sencillo el entendimiento de Sánchez y Feijóo porque ambos están muy limitados por la polarización política y por las presiones de sus respectivos aliados, sobre todo el presidente del Gobierno, que ha hecho extraordinarias concesiones a los independentistas catalanes y vascos para mantenerse en el poder. Por ello hay que saludar el pacto para renovar el Poder Judicial y la reforma exprés del artículo 49 de la Constitución, para suprimir el término ‘disminuido’, en referencia a las personas con alguna discapacidad. El cambio del art. 49 se hará mediante una proposición de ley conjunta entre el PSOE y el PP que se registrará antes de que acabe el año y que se podría aprobar ya el próximo mes de enero, sin que haya un referéndum al respecto. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que lo son de todos los españoles, tienen que recuperar los principios de lealtad constitucional y de buena fe institucional.

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