Colaboración institucional
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han acordado impulsar más de 545 viviendas sociales en la ciudad e invertir 70 millones de euros en proyectos emblemáticos como el plan de Embarcadero, la nueva Romareda o la regeneración del Huerva. El propio presidente Azcón ha asegurado que lograr estos acuerdos entre ambas instituciones era cuestión de «querer entenderse» en lugar de buscar el «enfrentamiento». La colaboración es uno de los pilares para garantizar la prosperidad de la ciudadanía de la que emanan las administraciones. El pacto es más sencillo cuando las instituciones están lideradas por gobernantes del mismo partido, pero cuando no ocurre así las dos grandes formaciones políticas españolas, como ocurre en buena parte de Europa, también tienen la obligación de entenderse entre ellas situando como eje prioritario el interés general. La polarización institucional aumenta la desconfianza ciudadana y ahuyenta a técnicos muy preparados.
El pacto institucional, que ha caracterizado la historia democrática aragonesa, está detrás de que Zaragoza pueda sacar adelante el nuevo estadio de la Romareda, tras los cuatro proyectos fallidos y veinte años de vaivenes políticos. También es la base para que la ciudad cuente con más viviendas sociales, una urgencia que ayer mismo destacó Cáritas, al reclamar más alquiler social tras el aumento de los hogares compartidos en la capital aragonesa. La permuta de la parcela de la calle Embarcadero permitirá eliminar el uso residencial, a cambio de la cesión de suelo para vivienda pública en los barrios. La DGA podrá desarrollar VPO en los suelos de Alumalsa (San José), Torre Ramona (Las Fuentes), el Instituto de Formación Empresarial y Técnica (Picarral) y en Arcosur. Esta cooperación tiene que ampliarse al resto de las instituciones aragonesas, independientemente de su color político.
