Costuras

En las últimas semanas he hablado con muy poca gente partidaria de la amnistía y con nadie a favor de cómo se ha realizado. El contrato social mediante el cual todo ciudadano es igual ante la ley (que ya andaba algo delicado de salud), se ha tambaleado con este acuerdo político que malversó dinero público para celebrar un referéndum bajo el ideal de una independencia que ni en la propia Cataluña convence. 

Según la última encuesta del Gobierno catalán, el 61,6% de los catalanes quiere seguir perteneciendo a España, ya sea bajo una idea regional, autonómica o federal. Por tanto, se trata aquí de comprar la idea de que este proceso servirá para devolver la paz política y social a un territorio que, aun agitado de manera exacerbada hacia un fin, no ha logrado convencer ni a la mitad de sus ciudadanos. Un esfuerzo retórico que se complica por el hecho indudable de que, aun siendo el citado uno de los objetivos, el impulso se ha dado por un PSOE necesitado de votos para conformar un Gobierno ‘del progreso’ que en determinado momento deberá hacer pie respecto a cuántas cosas caben como daño colateral en aquello de gobernar para la mayoría social.

Con un panorama político agitado desde hace años, donde cada vez caben menos límites en la bronca, donde cada día es el fin de España, del mundo, de la economía, de las pensiones públicas, de la sanidad o del castellano como lengua vehicular; puede que Sánchez haya perdido el norte de la empresa que tiene entre manos. La amnistía no es la enésima reforma de la Ley de Educación o los límites a la externalización de los servicios sanitarios; se trata de una de las mayores acciones jurídicas y políticas de la España reciente y, ante su decisión de apostar por ella para gobernar, la altura de miras con la que debe gestionarla se escapa al tactismo político con el que se manejan el resto de las cuestiones.

Una necesidad que, por desgracia, ya ha empezado torcida, con unas primeras reuniones entre PSOE y Junts cargadas de una opacidad desvelada parcialmente a posteriori, y que resultan intolerables para una ciudadanía que en cierto modo va a entregar las costuras del Estado de derecho a un fin político y social repleto de dudas para ella, pero también para una Europa que necesita certezas contra las innumerables amenazas del populismo.

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