Claudicación incondicional

Estamos ya saturados del tema, tras muchas semanas en las que los pactos de investidura del PSOE con los partidos nacionalistas han ocupado el primer plano de la actualidad mediática y de los debates en la opinión pública. 

Pero la envergadura que tiene el ‘desaguisado’ es de tal calibre que no creo que podamos permitirnos ‘mirar para otra parte’. Algunos sentimos que no podemos hacerlo sin desatender nuestros deberes profesionales y cívicos más primordiales, cuando estamos a las puertas de celebrar el 45 aniversario de la Constitución.

El acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar (PNV) ha quedado relegado a un segundo plano ante la magnitud de la conmoción causada por la proposición de ley de amnistía y demás acuerdos del PSOE con Junts. Pero los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno con el PNV no son de alcance ciertamente menor y se mueven en la misma línea de escalada en los disparates que ha caracterizado a las negociaciones de investidura.

Del acuerdo aludido han trascendido algunos aspectos concretos como la ruptura de la ‘caja única’ de la Seguridad Social, que ha venido siendo hasta hoy pieza básica, quizás la más genuina, de la solidaridad intergeneracional e interterritorial entre españoles. Este es un aspecto ciertamente relevante y lamentable, que por cierto no figura expresamente en el texto de un acuerdo que merece ser leído con atención en su integridad. Algo que no estoy seguro hayan hecho los diputados que han votado a favor de la investidura de Sánchez, legitimando con ello los acuerdos que la sustentan.

Entre otros contenidos de gran alcance político y jurídico, leemos en el acuerdo que el presidente se ha comprometido a que todos los proyectos de ley que afecten a competencias del País Vasco -pocos serán los que no afecten de alguna manera a dichas competencias, dada su amplitud, como a las de las demás comunidades autónomas- cuenten con «una cláusula foral que se acordará previamente con EAJ-PNV». Lo que en la práctica se traduce en que el PNV va a tener la capacidad de decidir el alcance de la aplicación en el País Vasco de las leyes que aprueben las Cortes Generales a iniciativa del Gobierno.

También constatamos que se ha firmado un compromiso de gran alcance en relación con los decretos-leyes, que, como se sabe, son una herramienta legislativa que ha adquirido un protagonismo muy grande en los últimos años, sin duda desmesurado. El compromiso asumido por el presidente en relación con la legislación de urgencia rompe ciertamente todos los techos imaginables: «Con antelación a su aprobación su contenido deberá ser conocido, y en su caso pactado, con EAJ-PNV». De modo que en una potestad gubernamental que se caracteriza precisamente por la inexistencia de trámites y debates parlamentarios con anterioridad a su aprobación (el debate viene después), se introduce de manera insólita un trámite de audiencia previa al PNV y de pacto «en su caso» con dicho partido político. Lo que se hace además de manera generalizada, esto es, sin matiz restrictivo alguno: todos los decretos-leyes deben ser sometidos desde ahora al filtro previo del PNV. También los que aborden situaciones concretas; por ejemplo, medidas para paliar las consecuencias de una erupción volcánica en las islas Canarias, de un gran incendio en Galicia, o de unas inundaciones extraordinarias en Aragón; hasta ahí llega el ojo vigilante del PNV y su tutela sobre la acción gubernamental.

El acuerdo con el PNV incluye además el compromiso del PSOE de no impulsar ninguna modificación de la Ley Electoral salvo en la hipótesis de «extraordinaria necesidad», en cuyo caso «lo hará con acuerdo previo con EAJ-PNV». De manera que el PNV adquiere la condición de autoridad que debe dar el visto bueno a los cambios en la legislación electoral, cuya relevancia para el funcionamiento del sistema democrático no hace falta ponderar.

Asimismo, se incluyen varios compromisos de modificación de textos legales, plasmándose en el acuerdo la redacción concreta que debe darse a ciertos preceptos (así, en materia laboral, régimen local o puertos de interés general), con un ‘modus operandi’ que no será de extrañar se repita a lo largo de la legislatura como ‘compensación’ por el voto favorable del PNV en alguna votación que se lleve a cabo en el Congreso.

Además de ello, se consolida la opción por la bilateralidad en las relaciones entre el Estado y el País Vasco y se incluyen otras singularidades que privilegian la participación de las instituciones vascas en la esfera internacional y en la UE; concretamente, en la negociación de los tratados internacionales por el Reino de España.

Salta a la vista que los compromisos aludidos resultan agraviantes en sí mismos para las demás comunidades autónomas, para los demás partidos políticos y para la ciudadanía en general. Implican una profunda ‘asimetría’ entre partidos y entre las distintas comunidades y territorios que es del todo incompatible con la prohibición de privilegios que consagra la Constitución (art.138). Y atribuyen a un partido minoritario una gran capacidad de condicionamiento sobre las instituciones del Estado, y en particular sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que resulta totalmente extraña al sistema constitucional democrático.

Es particularmente remarcable que buena parte de los privilegios contenidos en el pacto no benefician a una determinada comunidad autónoma (lo que ya sería en sí mismo inaceptable), sino a un partido político concreto, al que se otorga una dualidad de mecanismos de representación y participación: el que se plasma en su presencia en las Cortes Generales (Congreso y Senado) y el adicional que resulta de su condición de interlocutor privilegiado con el Gobierno en los términos recogidos en el acuerdo firmado con Sánchez. Un partido político que, como cualquier otro partido gobernante, en algún momento podría llegar a estar en la oposición tras un cambio de Gobierno. Aunque así sucediera -las próximas elecciones al Parlamento vasco se celebrarán durante 2024, no más tarde del mes de julio-, el PNV seguiría ostentando unas prerrogativas que no tendría el propio Gobierno vasco.

No cabe duda de que estamos pagando un precio demasiado elevado para una investidura que no debió producirse de esta manera y que ha nacido con vicios radicales en su origen. Y de que es enorme el destrozo causado en el edificio constitucional por quienes han liderado y apoyado los acuerdos de investidura sin ser coherentes con su programa electoral y sin ser respetuosos con su solemne promesa de «guardar y hacer guardar la Constitución».

Juan M. Pemán Gavín es catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza