Productividad y jornada laboral
El acuerdo de Gobierno firmado entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar incluye, entre otras cuestiones, la fijación unilateral de la semana laboral en 37,5 horas. Tal y como ha manifestado el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio en una reciente declaración institucional, creo sinceramente que nuestra sociedad comparte una visión de futuro de mejora continua sobre la conciliación entre la vida personal y la laboral.
Sin embargo, coincido también en que la oportunidad de una medida de política económica sobre la duración de la jornada laboral debe tener necesariamente en cuenta los efectos que aquélla pueda inducir en términos de productividad.
Y ello, por cuanto sólo a través del logro de ganancias en productividad por ocupado resulta sostenible el crecimiento económico a largo plazo. Y, a su vez, es precisamente de ese crecimiento del que depende el bienestar de una sociedad. Para ser aún más claro: las posibilidades de la política social a futuro dependen de la evolución de la productividad.
debe tener en cuenta los efectos que puede inducir en términos de productividad
En consecuencia, la pregunta a la que debe responder la política económica, y especialmente la laboral, es la siguiente: ¿cuál es su impacto en la productividad? De ahí que resulte preocupante que la fijación unilateral de la jornada laboral en 37,5 horas que se desprende del acuerdo de Gobierno no dedique su atención a una cuestión tan capital para el futuro económico de España y de Aragón. Si, además, tenemos en cuenta que nuestro país está a la cola en productividad por ocupado en la Unión Europea, lo cual también explica que países como Eslovenia o la República Checa nos superen ya en Producto Interior Bruto per cápita, la consideración aislada y desconectada de una medida que disminuiría considerablemente la productividad de las empresas españolas no parece muy meditada.
Quizá, por el contrario, y ojalá sea así, se trate más bien de una medida para la galería en un contexto de deterioro institucional. No en vano, el propio acuerdo de Gobierno supone soslayar de facto el diálogo social y, por ende, el instrumento de la negociación colectiva como marco referencial de los acuerdos en materia sociolaboral.
La economía, por el momento, sigue evolucionando de forma más favorable de lo previsto, pero mantiene una senda en la que el crecimiento económico se está ralentizando. No parece el mejor momento para impulsar una agenda legislativa en contra de la línea de flotación de la productividad.
Podemos seguir debatiendo con sosiego sobre la jornada de 37,5 horas, pero, sobre todo, hablemos de productividad. Nos va demasiado en ello como para no hacerlo.
