El sistema electoral español ocasiona que conseguir la mayoría de votos que se requiere para la investidura del presidente y la formación de gobierno dependa de los acuerdos negociados con partidos autonómicos que buscan más el interés propio que el bien general. 

Ya lograda la presidencia con concesiones políticas y económicas a los partidos autonomistas a cambio del voto, viene cumplir los pactos y aprovechar la coyuntura para nuevas exigencias y más inversiones llevando a la desigualdad entre las Comunidades del país. Conseguir un gobierno hipotecado así, lleva a una situación de debilidad permanente y a pagar los precios correspondientes por conseguir esos votos para la investidura de un presidente de Gobierno cuyo objetivo es mantenerse en el poder. Así ha sido en los últimos gobiernos y el colofón de esta realidad es la situación actual. 

En la pasada legislatura se modificaron los delitos de sedición y malversación reduciendo los supuestos y las penas en caso de incurrir en los mismos. También se concedieron indultos a políticos catalanes condenados, que no manifestaron arrepentimiento. Ahora el precio es forzar un encaje en la Constitución para justificar una amnistía que borre los delitos cometidos en Cataluña contra el Estado como si no hubieran ocurrido y que permite culpar al propio Estado de injusticia contra quienes los cometieron. A parte de las concesiones legales por delitos cometidos, se les condona parte de la deuda a los gobiernos vasco y catalán y se les conceden más competencias. 

Esto va a generar aún más desigualdad entre las Comunidades. (En el acuerdo de Sánchez con Bildu hasta ahora desconocido, no se sabe si se habrá negociado el perdón también de presos etarras). En esta ingeniería política donde ‘todo vale’, el país queda en segundo plano y las siglas buscan el beneficio propio. La ingobernabilidad histórica de Italia, ha llevado a Giorgia Meloni a buscar la solución a través de la elección directa del presidente del gobierno en un referéndum nacional en que cada candidato proponga su proyecto de gobierno y que voten los ciudadanos. ¿No sería esta una solución que resolvería muchos de los problemas de nuestro país y que permitiría también acercar a los ciudadanos la posibilidad de intervenir democráticamente?

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