Sin más: un ciudadano preocupado
Lo sucedido en los últimos días me ha provocado la necesidad de ordenar una serie de reflexiones. Es inevitable comenzar por la amnistía. Frente a la idea que predomina, el debate transciende a su adecuación o no a la Constitución.
Me quiero referir a dos cuestiones que afectan a su relación con el principio democrático y con el Estado de derecho. En primer lugar, el posicionamiento contrario en campaña de quienes hoy la impulsan con ardor. Se trata de un cambio radical de posición que sólo tiene una razón plausible: obtener unos votos necesarios para la investidura. Sólo ha se ha modificado la posición de quién la impulsa; los beneficiarios no se cansan de hacer gala de su no rectificación.
En segundo lugar, quiero destacar una cuestión que considero esencial: mediante esta LO el poder legislativo (en la práctica, la mayoría política de turno) se otorga el poder de exonerarse y exonerar de cualquier responsabilidad penal. Algo que evoca en exceso la posición de un soberano absoluto. Al respecto, es muy significativo que con la amnistía se modifique el Código Penal para introducir la amnistía como un instrumento más de política criminal.
ni reaccionarios
Un segunda reflexión debe realizarse sobre el funcionamiento del Congreso. Las señales de erosión vienen de lejos, pero durante estos días se han recrudecido: el esperpento de la toma de posesión de los diputados; la distorsión del Reglamento para beneficiar a los partidos nacionalistas; el retraso en la constitución de comisiones; la forma de conducir el debate o la profunda erosión de la función legislativa, son sólo algunos ejemplos. Un deterioro severo que es reflejo del debilitamiento general de las instituciones.
La tercera reflexión, obliga, siquiera con brevedad, a regresar al tema territorial. En este punto, no cabe lugar a engaño. Los acuerdos con PNV, Esquerra y Junts, así como el oculto con Bildu, acercan a una mutación del sistema hacia el confederalismo. Una deriva que tiene ganadores evidentes y perdedores que no son otros que las Comunidades no bendecidas por el privilegio nacionalista, además, por supuesto, del Estado y de la nación. Se trata de una deriva que puede ser calificada de muchas maneras pero no, por favor, como progresista.
Dejo para el final una cuestión que estimo esencial. Ningún proyecto político se puede construir sobre la negación del otro. Con todo, este es el vicio más grave del discurso del candidato Pedro Sánchez. Acudir a voces como ‘fascista’ o similares para descalificar a todos aquellos que se oponen a un proyecto político no sólo es injusto y falso. Es muy peligroso. Sinceramente, en ésta y otras muchas actitudes cuesta ver una apuesta por la concordia. Más bien lo contrario.
que lejos de ver restaurada, vemos severamente quebrada
Las hipérboles, incluso los insultos que se han escuchado para denunciar el discurso de Pedro Sánchez y los acuerdos que le llevarán al Gobierno, deben ser condenados sin paliativos. Por supuesto, también cualquier asomo de violencia. Incluso estimo que las manifestaciones no deben tener como referencia las sedes de los partidos ni, por supuesto, el Parlamento. Pensaba así cuando se produjeron en sentido inverso y mantengo la misma opinión. Las críticas y denuncias deben estar presididas en todo caso por el rigor, la mesura y, no en último lugar, por la inteligencia.
Considero que existen razones profundas y objetivas para discrepar de los presupuestos sobre los que se asienta el nuevo Gobierno. Razones que superan la divergencia política y se fundamentan en la defensa del sistema constitucional que los españoles nos dimos en 1978. La inmensa mayoría de quienes discrepamos de este proyecto no somos fascistas ni reaccionarios. Somos ciudadanos preocupados por una convivencia que lejos de ver restaurada, vemos severamente quebrada; somos ciudadanos que entendemos que nadie está por encima de la ley; somos ciudadanos que respetando las singularidades de cada territorio, creemos que todos los españoles merecen el mismo trato. Ciudadanos que, en fin, deseamos regresar a lo que en letra y espíritu supuso durante muchos años la Constitución de 1978.