Una investidura tensionada
Pedro Sánchez aborda hoy y mañana una tensa sesión de investidura bajo la convulsión que supone la ley de amnistía, de muy dudosa constitucionalidad, y los pactos con independentistas y nacionalistas que afianzan la quiebra del país entre españoles de primera y de segunda.
Nunca un debate de investidura se ha celebrado en un clima tan controvertido. La última prueba es que Interior ha desplegado 1.600 agentes, en uno de los mayores dispositivos policiales para blindar un acto público. El origen de esta crispación es que el candidato a presidente del Gobierno se presenta ante el Parlamento con unos socios que han declarado su voluntad de acabar con España y con una medida de gracia que es rechazada por numerosos ciudadanos. Mucho tiene que esforzarse el líder socialista en explicar unos acuerdos que incluso son criticados por figuras de su partido, como Borrell o García-Page.
El presidente del Ejecutivo en funciones y candidato a repetir en el cargo debe explicar hoy su programa de gobierno, cuya aplicación estará condicionada por el cumplimiento de los draconianos pactos que le han impuesto sus socios (y que él ha aceptado a cambio de seguir en la Moncloa) y el recuerdo de las condiciones que ha de satisfacer si quiere que la legislatura no termine en unos pocos meses. No será una tarea sencilla. Para empezar, la oposición va a ser especialmente dura. De hecho, el PP ha aprovechado su mayoría en el Senado para reformar el reglamento con el objetivo de dilatar la tramitación de la ley de amnistía. No obstante, el mayor quebradero de cabeza para el PSOE (y para la gobernabilidad del país) es el chantaje al que le están sometiendo sus socios, empezando por un prófugo en pugna permanente con ERC, que ni siquiera han querido firmar con él la proposición de ley de amnistía para presentarla en el registro del Congreso.
