La imputación de Puigdemont
Con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en teoría a punto de cerrarse con un acuerdo, surgió ayer la noticia de que la Audiencia Nacional imputa a Carles Puigdemont como instigador de los desmanes cometidos por el movimiento llamado Tsunami Democrático.
De manera que los socialistas están en estos momentos negociando el gobierno de España con alguien imputado por terrorismo, lo que viene a subrayar el enorme disparate que están cometiendo. Frente a ello, la declaración del Consejo General del Poder Judicial en contra de la amnistía, aunque no tenga efectos prácticos, deja muy claro el daño que se está causando al Estado de derecho.
Poner el gobierno de España en manos de quien, como Puigdemont, dirigió una intentona contra la Constitución es un auténtico despropósito en el que nunca hubieran debido incurrir ni Pedro Sánchez ni, menos todavía, un Partido Socialista cuyos militantes han aprobado dócilmente las maniobras de su jefe. Pero la situación se vuelve todavía más lamentable y vergonzosa sabiendo que Puigdemont puede ser responsable también de acciones que merecen la calificación de terrorismo. Si no se ha hecho antes, esto debiera bastar para romper las conversaciones. Pero no ocurrirá así, Sánchez ha demostrado que en su ambición de permanecer al frente del Gobierno está dispuesto a pagar precios que debieran ser inasumibles y a aceptar incluso un trato humillante por parte de un prófugo. La amnistía que se pretende aprobar para satisfacer a los independentistas supondría un ataque directo a las decisiones de la Justicia, con grave deterioro del Estado de derecho y de la separación de poderes. Y no es extraño, por ello, que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial la rechace. Su declaración institucional -aunque no la apoyasen los vocales considerados ‘progresistas’- supone una muy seria señal de alarma sobre los peligros que se encierran en la actual deriva.
