La amnistía y la casta impune
Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial reclaman un pleno extraordinario para que el órgano se pronuncie sobre una amnistía que borra de un plumazo cualquier responsabilidad penal de los líderes del procés. Están cargados de razones cuando apuntan que amnistiarles supone la "abolición" del Estado de derecho porque, sin duda, genera "una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos".
En la declaración que motiva la petición del pleno extraordinario, que necesita al menos cinco votos por lo que su convocatoria está asegurada, los vocales nombrados a propuesta del PP arremeten contra la decisión de Sánchez de aprobar una ley de amnistía que se adoptará "en interés de España", a juicio del presidente en funciones. Es precisamente esta consideración la que da pie a la petición de los miembros del CGPJ, al considerar que Sánchez confunde "el interés de España" con el suyo "para evitar" la alternancia política, principio básico del pluralismo que recoge el artículo 1 de la Constitución. Centran las críticas sobre un aspecto que ha sido ampliamente debatido por los juristas, con un criterio compartido por la mayoría de ellos, de que el ordenamiento jurídico basado en la Constitución no debe exceptuar la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o las sentencias ya firmes, porque sin duda convierten en papel mojado el principio de Estado de derecho.
La dura y acertada crítica de los ocho miembros del CGPJ a la maniobra de Sánchez se centra en el efecto de la inacción para el beneficio personal porque "supone degradar y convertir el Estado de derecho en objeto de mercadeo" al supuesto interés de España. En último término, la denuncia ante los ataques al principio de seguridad jurídica y a la independencia judicial está cargada de sentido común.
