La Justicia en España está viviendo una situación muy preocupante además de insólita en la historia de nuestra democracia. En un Estado de derecho debe haber y respetarse la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en nuestro país el Poder Judicial se debilita cuando sentencias firmes, después de miles de horas de procedimientos y miles de horas de estudio, se dejan sin efecto; también cuando los partidos políticos mayoritarios en la representación de los ciudadanos, PP y PSOE, no colaboran para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, y siguen reprochándose mutuamente la falta de acuerdos. 

El Poder Judicial se debilita cuando el Ejecutivo prohíbe cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales mientras el CGPJ esté en funciones, y deja que siga sin renovarse y bloqueado después de 5 años. No sabemos cuánto tiempo más puede soportarse esta situación. El Poder Judicial se debilita cuando no se le dota de suficientes medios humanos y materiales y también cuando a los funcionarios de Justicia no se les retribuye adecuadamente y se ven forzados a convocar huelgas. Los ciudadanos asistimos perplejos a toda esta realidad, sin poder comprender cómo la demora en la resolución de los procedimientos judiciales se está convirtiendo en un mal endémico de nuestra Justicia. Así ocurre que, en delitos como los del proceso del 2017 en Cataluña, hay más de mil personas que siguen pendientes de sentencia; que aún no hay sentencia a los procedimientos sobre la familia de los Pujol; que sólo se ha juzgado una parte de los procesos llamados ERE de Andalucía; y que va pasando el tiempo y cada vez está más cerca que prescriban los delitos y se queden sin resolver, y que los que hayan delinquido se vayan de rositas. Esos son casos pendientes conocidos a nivel social, pero hay retrasos generalizados que resultan agobiantes para el ciudadano normal porque no pueden cubrirse vacantes y por la sobrecarga de trabajo de los tribunales. El buen funcionamiento de la Justicia debería ser un asunto prioritario de Estado. ¿A quién le interesa que el Poder Judicial esté en esta situación?

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