No estaba muerto
La irrelevancia del Senado en nuestro entramado institucional ha sido subrayada hasta la saciedad, por quedar subordinado al Congreso en las dos funciones que caracterizan al Parlamento: la elaboración de las leyes y la fiscalización del Gobierno.
En el procedimiento legislativo el Congreso puede, siempre, levantar el veto del Senado y, en el marco del control, por ejemplo, y entre otros muchos, es el Congreso quien otorga su confianza al presidente del Gobierno, en la investidura, y quien puede retirársela en la moción de censura o en la cuestión de confianza.
Pese a ello, el Senado no está muerto –tampoco de parranda–. Desde 2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria permite al Senado paralizar el procedimiento presupuestario, rechazando el techo de gasto –que requiere su conformidad, sin posibilidad de que el Congreso levante este veto–. Y aunque la constitucionalidad de esta regulación es muy cuestionable, porque permite al Senado bloquear la tramitación de la principal ley del año, que no es otra que los Presupuestos Generales del Estado, no fue recurrida en plazo al Tribunal Constitucional.
Así las cosas, si finalmente hay investidura a lo largo del mes de noviembre, y teniendo en cuanta la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado, el nuevo Gobierno no podrá sacar adelante un solo presupuesto hasta que no modifique la antedicha ley orgánica: y el precio que le pedirán a Sánchez sus socios para aprobar esta reforma en el Congreso puede ser, de nuevo, astronómico.
