El tiempo aprieta y el marco jurídico, financiero y político para la construcción de la nueva Romareda tendría que estar encarrilado hacia finales de este mes, si es que Zaragoza no quiere perder la oportunidad de ser una de las sedes del Mundial de 2030. No será fácil llegar porque los plazos son ya muy ajustados, pero es posible conseguirlo si se trabaja con diligencia y si la buena voluntad de quienes dirigen las instituciones allana las dificultades y da paso a un consenso que debe ser garantía de que no surgen nuevos obstáculos.

El Ayuntamiento trabaja en la definición del modelo para la sociedad mixta que se encargará de promover la nueva Romareda. Estaría asegurada la contribución económica tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón, aunque será importante determinar las fórmulas específicas y la periodificación. Se cuenta también con el compromiso del Real Zaragoza de participar en el capital, y con la oferta de Ibercaja de estudiar su posible colaboración. Pero todo eso tiene que concretarse y detallarse en un acuerdo. No obstante, la mayor dificultad sigue siendo política. El desencuentro entre la alcaldía, ejercida por el PP, y la presidencia de la Diputación de Zaragoza, en manos del PSOE, condiciona la participación de la institución provincial. Y esa participación es fundamental no solo por su peso económico, sino también por la garantía política y jurídica que aportaría el consenso entre los dos principales partidos, evitando que se produjesen recursos judiciales. El presidente de la Diputación, Sánchez Quero, da muestras de querer sumarse al proyecto y tanto Chueca como Azcón han de facilitar políticamente su incorporación. Es un momento decisivo para un proyecto que Zaragoza lleva persiguiendo desde hace más de veinte años. No se entendería que las fricciones políticas lo hiciesen naufragar una vez más.